Al cumplirse siete años de la desaparición de Jorge Julio López, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) manifestó, a través de un comunicado de prensa, su estupefacción por “la desidia en la investigación para determinar quiénes fueron responsables de su desaparición forzada en septiembre de 2006”.
“La naturalización de este crimen atroz y la convivencia con la impunidad de sus autores socava la vigencia del estado de derecho, y con ello el rumbo de construcción democrática que nos debemos los argentinos”, señala el escrito, que además sostiene que “la desaparición de Jorge Julio López, testigo fundamental en el juicio que culminó con la condena de Miguel Etchecolatz por los crímenes cometidos durante la última dictadura, debe ser preocupación central para las instituciones de la democracia”.
Asevera también que los reclamos de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos han permitido mantener vigente la preocupación social por su desaparición y han significado una constante interpelación para los poderes políticos. En tanto que el contrapunto en esta situación ha sido “la inacción del poder político y el judicial. La investigación está plagada de demoras; está ausente la fijación de estrategias y no se cuenta con idóneos recursos técnicos y humanos”.
“La democracia suma deudas irredimibles si no se avanza en casos como éste. Las sospechas fundadas recaen en la existencia de estructuras ligadas al terrorismo de estado que perviven a treinta años del retorno de la democracia”, puntualiza el comunicado y agrega “esclarecer el hecho y juzgar a los responsables significará justicia para los familiares, pero también para todos los que apostamos a vivir en una democracia plena alejada de los resabios autoritarios que nos dejan anclados a la dictadura”.