A partir de mañana, 1º de enero de 2014, ocho millones y medio de personas que utilizan a diario en el transporte público de colectivos pagarán el boleto con un incremento del 66%. Esta tarifa, que conlleva un incremento acumulado en un año de casi un 130%, fue dispuesta por el ministro de transporte de la Nación, Florencio Randazzo, y se fundamenta en las «mejoras constatadas respecto del salario real de la población, acompañadas por una marcada caída de los índices de desocupación».
Claro está que la suba del 66% es bastante más del doble del 24% de aumento salarial promedio obtenido en las paritarias de 2013, al que además ni siquiera acceden todos los trabajadores, dado que un 35% de ellos se desempeña de manera informal y precaria: según las últimas estadísticas la mitad de las personas que trabajan perciben menos de 4.000 pesos mensuales. Un trabajador que se traslada del Gran Buenos Aires a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes y utiliza para ello dos pasajes mínimos pasará de gastar 120 pesos mensuales a gastar 200 pesos.
En este marco, el diputado porteño, Alejandro Bodart (MST), presentó el lunes 30 de diciembre, ante Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, un recurso de Amparo para que frene el aumento del boleto. El edil considera que esta resolución, que afecta a un número tan significativo de ciudadanos, es “totalmente arbitraria e inoportuna y que debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de donde se desprende el derecho de los usuarios de participar e informarse previo al dictado de un acto de marcada trascendencia social. Siendo una de las formas idóneas, la celebración de audiencia pública.
Bodart, sostiene que el aumento del pasaje del colectivo se da en el marco de una suba generalizada: han aumentado los peajes de las autopistas, el boleto del subterráneo y suben los precios en general, y considera que es una medida arbitraria, inoportuna y desatinada, por hallarse a la vez la población padeciendo prolongados cortes de luz y agua.
También, enfatiza que el Ministerio de Transporte de la Nación no ha presentado un análisis de la estructura de costos de las empresas de colectivos, ni de los controles o auditorías sobre la utilización de los subsidios públicos percibidos, ni tampoco del impacto que el aumento tendría sobre el bolsillo de la gente.