La justicia porteña suspendió una resolución del gobierno de Mauricio Macri que reduce personal y horarios en hospitales y centros de salud, porque pone en riesgo a los sectores más vulnerables de la sociedad, y le ordenó que reponga las guardias y coberturas que fueron suspendidas en distintos servicios sanitarios.
La resolución 1657, del 31 de octubre último, redujo la cantidad de horas mensuales de suplencias de guardias en los hospitales y otros servicios de salud pública que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, modo de contratación que es habitual.
Esa medida «restringe las prestaciones médicas sin establecer un mecanismo de cobertura que permita seguir brindando servicios, afectando la atención de pacientes, sobre todo de quienes no tienen acceso a obras sociales y son de los sectores más desprotegidos de la sociedad», resaltó el Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ramiro Dos Santos.
El funcionario realizó una demanda de amparo solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución oficial, lo que fue aceptado por la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, Patricia López Vergara.
Por lo tanto «la medida queda sin efecto mientras siga el juicio. El gobierno no puede aplicarla», aseguró Do Santos.
Si bien la justicia ya se expidió, los profesionales del servicio de emergencia (Same) y de distintos dispositivos hospitalarios están en una situación «grave, no sabemos qué hacer. No cobramos este mes y seguimos sosteniendo la atención por responsabilidad profesional», señaló Fátima Monti, psicóloga del programa de Abuso Sexual y Violencia Familiar del Hospital Álvarez.
En ese centro de salud se redujeron las horas mensuales de suplencias de guardia por lo que el Hospital de Día «dejará de funcionar, ya que los 8 profesionales del área están contratados con este sistema», dice la demanda presentada por Do Santos.
Esto implica que «38 pacientes dejarán de recibir asistencia», como también ocurrirá con el Hospital de día de Adicciones y los consultorios externos de Salud Mental y del departamento Materno Infanto Juvenil.
En este último servicio, la reducción impuesta por la resolución implica que «la mitad de la atención psicológica se reduzca, sea discontinua y que queden sin asistencia 33 niños pacientes que recibían tratamiento por abuso», sumado a que hay una lista de espera hasta marzo.
También en el Álvarez se desempeñan con la modalidad de suplencias de guardia especialistas en infectología, ecografía, cardiología y ginecología infantil y expertos en violencia sexual que «no podrán ser reemplazados».
La Defensoría envió nota a 13 hospitales porteños para saber si estaban aplicando la resolución y los efectos que causaba, pero el Ministerio de Salud porteño solicitó un aplazamiento para contestar, cosa que nunca hizo.
La excepción fue el Hospital Moyano, que envió un comunicado diciendo que «es imposible cumplir la resolución ya que se afectaría la atención de 900 pacientes internadas y de más de 100 que se atienden en consultorios externos».
A esto se suma que la medida oficial generó «el cierre de cuatro programas de atención domiciliaria de urgencia lo que dejó sin servicio a niños, adolescentes, personas en situaciones vulnerables», destacó un informe de los pediatras del Same.
Ante este panorama, la jueza Vergara resaltó que las cuestiones presupuestarias «no son un motivo suficiente ni una fundamentación razonable para semejante medida» que colocaría al sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires «con un funcionamiento deficitario y parcial».
La magistrada resaltó que la decisión oficial «restringe el acceso a las prestaciones básicas de salud a la población en situación más vulnerable», generando que sólo pueda acceder «una pequeña fracción privilegiada de la población».
Así las cosas, los 160 pediatras del Same están realizando un paro activo, con asistencia los lugares de trabajo, a pesar de que les retiraron las planillas de asistencia, en tanto profesionales del Álvarez debaten entre seguir atendiendo las urgencias o dejar su trabajo, por el cual no cobraron este mes.
El gobierno que encabeza Mauricio Macri puede apelar la medida, lo que «aún no hizo», confirmó Do Santos, quien cree que esperará que termine la feria judicial.
«Es perversa esta situación. No podemos dejar de atender a un niño víctima de abuso, o decirle que luego de generar una relación con su terapeuta no se lo va a asistir más», relató Monti a modo de ejemplo de una de las tantas situaciones que se viven en estos días en el sistema de salud porteño.