“Me dirijo a usted en mi carácter de Inspector del Trabajo de Higiene y Seguridad de la Dirección General de Protección del Trabajo, a los efectos de denunciar y solicitar su urgente intervención en el establecimiento sito en Avda. Pedro de Mendoza 2147 de la ciudad de Buenos Aires”, comienza diciendo la nota que el ingeniero Edgardo Castro, inspector del Gobierno porteño, presentó esta mañana al subsecretario de trabajo porteño Ezequiel Sabor.
Castro, que en 2008 había solicitado la clausura del depósito incendiado de Iron Mountain del barrio de Barracas, reveló que otro local de esa empresa ubicado en el barrio de La Boca se encuentra «en condiciones desastrosas».
«El viernes por la tarde estuve haciendo un relevamiento en la puerta de un depósito que declara Iron Mountain como propio y cuyas condiciones son desastrosas», señaló el inspector que elaboró un pormenorizado detalle de las irregularidades que se presentan sólo en la fachada del edificio. En primer lugar, señala que «falta identificación del establecimiento y número de habilitación expuesto en el exterior, conforme a normativa». Otra de las irregularidades que saltan a simple vista es la falta de salidas de emergencia y de toma de agua de bomberos en el exterior, “la que se observa se encuentra está deteriorada, expuesta sin sus componentes y sin carga de fluido”, enfatiza el informe.
La denuncia menciona otras cinco condiciones desfavorables como «estado precario de la fachada con desprendimiento de material lo que implica un grave riesgo para los transeúntes», “falta de señalización lumínica y sonora de los portones de acceso”, “irregular acometida del cableado exterior”. En tanto que señala que la estructura edilicia es similar a la del galpón siniestrado en la calle Azara, donde perdieron la vida 10 personas el pasado 5 de febrero.
«A partir de esta denuncia el Gobierno porteño debería actuar de inmediato, pedir un allanamiento, y constatar el resto de las condiciones. Esta vez no puede decir que no fue advertido», sostuvo Castro en declaraciones a la prensa.
En la denuncia el ingeniero detalla los pasos que debería seguir el Gobierno porteño: dar injerencia a los organismos habilitantes, vallar la vereda, y constatar con las empresas de luz y gas los estados de los suministros. Poniendo énfasis que el personal interviniente debe poseer título habilitante y formación específica en la materia, y en este caso en particular sobre condiciones de riesgos de incendio, no estando habilitados técnicos o idóneos habilitados para esta tarea.