El juez federal Ariel Lijo procesó a cinco empresarios textiles como supuestos «partícipes necesarios» de trata de personas y otros delitos a raíz de haber contratado talleres clandestinos donde se explotaba laboralmente a 57 personas y haberse visto beneficiados así con bajos costos en su cadena de producción.
La decisión recayó sobre Silvia Bollada y Silvio D Amore de la empresa Vidatex comercializadora de la marca Narrow; Aldo Mario Rodríguez de «Indu Jeans SA» por la marca M51; Yim Chang Yui de la marca Berry Blue y Rodrigo Garro, socio gerente de «Hermanos Garro SR» por Zurah Jeans, según la resolución de Lijo.
Todos fueron considerados «partícipes necesarios» de «trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales en el país».
Según el magistrado, los titulares de las marcas tuvieron dentro de su cadena de producción a tres talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires donde se explotaba a 57 trabajadores.
«Los imputados se beneficiaron económicamente en razón del bajo monto que tuvieron que invertir en mano de obra», se explicó.
Los trabajadores cumplían jornadas de 13 horas diarias, sin estar inscriptos y «en precarias condiciones de salubridad, seguridad e higiene» y con salarios «considerablemente» menores a la normativa del rubro.
En la causa ya estaban procesados los dueños y encargados de los talleres que fueron allanados, una decisión ya confirmada por la sala II de la Cámara Federal porteña.