El Equipo de Abogados del Niño del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, que fue conformado hace un año, atendió durante este tiempo casi 500 casos, lo que constituye la mitad de la población infantil que se encuentra institucionalizada por el Gobierno porteño.
«Estamos felices porque sentimos que estamos cambiando la situación de los niños y niñas que tienen sus derechos más vulnerados como son aquellos que se encuentran en institucionalizados por diversas razones», manifestó la Asesora General Tutelar porteña, Laura Musa.
La letrada explicó que «el rol del abogado del niño es hacer escuchar su voz al juez, traducir en una acción jurídica sus peticiones, y lo que difiere de lo que se hacía hasta el momento es que si bien el juez podía escuchar al chico éste no era tomado como parte del proceso judicial».
Ser «tomado como parte» no es un detalle menor: a partir de esto el niño puede conocer el estado del expediente, presentar pruebas, convocar testigos y otra serie de acciones que hasta hace un año tenía limitadas en el proceso que tiene que ver, en la mayoría de los casos, con qué pasará con él a futuro.
«Los casos son de los más diversos y pueden ir desde conseguir una documentación hasta el litigio porque no quieren ser dados en adopción. En muchos casos la clave para sacar a los chicos de las instituciones la tienen ellos porque saben que en tal lado hay una abuela o una tía, sólo hay que escucharlos», sostuvo Musa.
La Asesora General Tutelar recordó que la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (sancionada en 2005) estableció que los «niños son sujetos de derecho» y que «deben ser oídos».
«La única manera que esto se traduzca en el proceso judicial es con la acción de un abogado que responda a sus intereses», agregó.
«La Ley también dice claramente que la pobreza no es un motivo para que un chico sea institucionalizado, sin embargo, hay situaciones de pobreza extrema que son presentadas como violencia familiar y, en lugar de trabajarse con la familia, se manda al chico a un hogar», describió.
Y ejemplificó: «un caso típico es cuando se incendia un conventillo o cuando un temporal vuela una casa precaria, en lugar de buscar garantizar los derechos del niño se lo traslada, en muchos casos separándolos de sus padres y de sus hermanos».
«La implementación de la figura del Abogado del Niño fue y todavía es resistida desde ciertos sectores de la Justicia que se sentían más cómodos con el `patronazgo`, es decir, con que un mayor determine qué es lo mejor para el chico, sin prestar demasiada atención a los deseos del niño», señaló Musa.
Y añadió que «esto tiene que ver con pensar al niño como un incapaz, y lo justifican con la idea de que `no pueden contratar`. Nosotros decimos que es lo mismo que el pediatra que le prevé el hospital público, él no lo contrata pero el Estado tiene la obligación de ofrecerlo».
En referencia al funcionamiento del Equipo, la letrada detalló que «desde el MPT conformamos una lista de profesionales y acotamos el universo de atención a los chicos institucionalizados porque creemos que son quienes más tiene vulnerados sus derechos».
«Luego nos acercamos a los chicos y les contamos que tienen esta posibilidad, no los obligamos, sino que nos ofrecemos. Hubo algunos que dijeron no necesitar, otros estaban de acuerdo con las estrategias de intervención con las que son tratados», detalló.
Otros de los niños asistidos por el equipo son los que tienen afectaciones en su salud mental que se encuentran en la Ciudad que, en algunos casos, ya estaban siendo asesorados por profesionales de la Defensoría General de la Nación.
De los casi 500 casos atendidos por el Equipo Público durante 2012, 230 chicos prosiguieron con el patrocinio gratuito de los Abogados del Niño.
«Esto resulta un verdadero aporte si consideramos que a diciembre de 2011 eran solamente algunos pocos los niños institucionalizados que podían acceder a un abogado», detalló.
Además, las presentaciones del Equipo Público fueron acompañadas por los patrocinios jurídicos de los padres de los niños y, en los casos en que la familia carecía de ellos, fueron derivados a patrocinios gratuitos «para que la defensa técnica sea una realidad no sólo para los niños sino también para sus familias».
«La internación de un chico en un hogar debería ser breve y muchas veces es un proceso que por negligencia del Estado se hace crónica. Revertir esto es un esfuerzo enorme pero vale la pena y es la única posibilidad que tenemos de lograr que los niños tengan realmente plenos derechos», concluyó.