Alerta sobre la destrucción de archivos históricos de la Armada y solicita informes al Ministerio de Defensa. “Cuarenta años después, se continúa eliminando evidencias. Los genocidas celebran haber obtenido un Gobierno que les otorga impunidad y legitima sus atrocidades”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La reciente disposición del Ministerio de Defensa para trasladar archivos de la Armada a una nueva sede con el propósito de “depurar” información ha suscitado serias preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha alzado la voz ante esta situación, enviando un pedido de informes al ministro Luis Petri, demandando claridad respecto a los criterios que regirán esta operación y solicitando garantías sobre la preservación de la documentación histórica.
Rodolfo Aguiar, reflejando la preocupación de que este acto podría interpretarse como un intento de los genocidas por garantizar su impunidad, afirmó que “40 años después, se intenta seguir destruyendo pruebas”. El dirigente gremial considera alarmante que se estén vulnerando las leyes vigentes en el país, diseñadas para proteger la memoria y fortalecer la democracia mediante el juicio de los responsables de los crímenes de la última dictadura militar.
La decisión del Gobierno, considerada un ataque a las políticas de derechos humanos, forma parte de una estrategia más amplia para legitimar la represión y el control social. Por ello, es esencial la intervención de instituciones como el Archivo General de la Nación para garantizar que la selección y conservación documental se realicen con transparencia y respeto a los derechos humanos.
Tampoco se puede pasar por alto la política de ajuste de la administración de Javier Milei ha llevado al despido del equipo responsable del relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, un grupo multidisciplinario clave en la colaboración con la Justicia al proporcionar evidencia en causas por delitos de lesa humanidad. La situación actual requiere una atención urgente y responsable del Gobierno. La preservación de los archivos de la Armada es crucial para honrar a las víctimas y proteger los fundamentos de la democracia en el país. Es vital actuar con prudencia y respeto hacia un pasado que debe ser conocido y comprendido, no relegado al olvido.