por Gabriel Sánchez Sorondo
Las prácticas laborales impuestas a los alumnos del último nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, que comenzaron en abril pasado, deben ser efectuadas en diversas empresas privadas y organismos públicos porteños sin que medie el consentimiento de los padres y su realización resta horas al aprendizaje de otros contenidos, denuncian los propios estudiantes.
Bajo amenaza de incumplir con «una materia curricular» (así son nombradas por las autoridades educativas las prácticas laborales), alumnos de distintos colegios, en lugar de asistir a clase, empezaron a cumplir las 120 horas que implican las llamadas «Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo y los Estudios Superiores» (ACAP) fuera del colegio.
Lo hacen en un ámbito no preparado para recibirlos, restando horas curriculares de materias como Historia, Filosofía y Matemática, sin presencia de docentes, ni autorización específica de los padres, la que en cambio sí se pide –y con 48 horas de anticipación– ante cualquier actividad fuera del edificio del colegio.
Desde la administración porteña desmienten que el alumnado que participa en las prácticas laborales no esté acompañado por referentes pedagógicos.
Consultada por esta agencia, desde el área de prensa del Ministerio de Educación de la ciudad, responden: «Hay un referente pedagógico asignado por la escuela, que puede ser un director, preceptor y un docente que acompañan a los estudiantes durante las prácticas».
Con todo, la ACAP violaría la Ley distrital 3.541, sancionada en 2010, dado que esa norma especifica que dichas prácticas sólo pueden ser voluntarias.
Algunos de los casos concretos de ACAP detectados hasta ahora corresponden a la Escuela Normal Superior Nº 1 Pte. Roque Sáenz Peña, Liceo 9 Santiago Derqui, Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) N° 1, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, El Comercial N° 5 José de San Martín, Escuela de Comercio N°12 de Villa Lugano, y la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg (más conocida como «El Lengüitas»).
«Vamos dos veces por semana a la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (Cacyr,) en la calle Solís. Hicimos un curso de manipulación de alimentos, recibimos charlas y diseñamos una dieta como para un deportista vegano. No nos acompañó ningún docente, íbamos por nuestra cuenta. En Cacyr tampoco había docentes, sí coordinadores de ACAP», comentó Oliverio, alumno del Lengüitas.
Cacyr nuclea a las empresas que se ocupan del servicio de comedores escolares en la ciudad. Una de ellas, en particular, recibió denuncias el año pasado, tanto por la calidad como por el sobreprecio de esas viandas.
Además, según denuncian desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el convenio ACAP esconde cláusulas que favorecerían a dichas empresas para seguir ganando las licitaciones de comedores escolares.
En cuanto a lo primero, la diputada nacional Myriam Bregman (ex legisladora porteña) y Alejandrina Barry lograron, reclamo mediante, un fallo que obligó al Gobierno porteño a que el servicio contratado brinde una comida saludable. Barry, por su parte, acaba de presentar un proyecto de ley en la Legislatura para derogar las ACAP. De todos modos, y aún con esos antecedentes, esa cámara empresaria fue elegida por el Gobierno porteño para dar cátedra a los alumnos sobre su especialidad.
«Siempre nos trasladamos por nuestra cuenta, y al llegar nos toman lista; si no vas, te pasan la falta. Esto es algo impuesto, no podemos elegirlo; estar en las ACAP es como estar en el colegio. Preferiría que en vez de ser obligatorias fueran optativas; a partir de tercer año nosotros cursamos una especialidad, sería bueno poder dedicar esas horas a algo relacionado con lo que cada uno eligió», apunta por su parte Julieta.
«Nosotros empezamos a ir el 21 de abril. Por el momento sólo tuvimos clases y cursos teóricos de prácticas de manufactura. Vamos 5 horas semanales, los martes y jueves. Hay contradicciones sobre la evaluación de la cursada, ya que no se sabe cómo se va a hacer ni si se puede desaprobar. Además, las horas de Historia y Filosofía, entre otras materias en cuyo horario vamos a la ACAP, no se recuperan, pero sí se siguen evaluando los contenidos», señala Francisco, también del Lengüitas.
Su testimonio despierta nuevas preguntas entre las voces consultadas: ¿se está reduciendo el programa curricular para dar lugar a estas prácticas? En tal caso, ¿qué materias se sacrifican?
Para Francisco no hay dudas: sus prácticas impactan en la adquisición de otros conocimientos. «Al no haber forma de reemplazar las horas presenciales perdidas -reflexiona-, los docentes se pusieron de acuerdo para enviar contenidos a través de la plataforma Classroom: si no, no podríamos aprobar. Pero esto no es visto como una solución. Además de algunas horas de Química, Matemática y Francés, perdemos todas las horas de Filosofía, Historia y Educación Física».
Otro asunto es el de las autorizaciones: «Ningún padre firmó ni tuvo que dar aprobación; el traslado (ida y vuelta) es independiente, vamos por nuestra cuenta», agrega Francisco. Y agrega: «Al ser un programa piloto, parece haber bastante incertidumbre, los trabajadores que están en las ACAP tampoco tienen un panorama tan claro, recibimos información a medida que se va desarrollando el programa».
El plan en cuestión se puso en marcha con miras a alcanzar a 29.400 chicos de 442 establecimientos educativos en CABA. En primera instancia, fueron planificadas para su ejecución en 20 escuelas para 2022. Las prácticas contemplan una duración de 120 horas cátedras que se distribuirán a lo largo del año.
Según promociona sitio web de la ciudad, la ACAP les permitirá a los estudiantes «desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con autonomía, y estimular su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajar en equipo».
En esa línea, Horacio Rodríguez Larreta señaló, al presentar el plan a comienzos de mayo, que «si hoy los chicos no salen de la escuela preparados para encontrar un trabajo en esta nueva modalidad, un trabajo que los apasione y les guste, va a ser muy difícil que desarrollen su potencial y que colaboren al crecimiento que necesita nuestro país».
El carácter obligatorio y no rentado que el Gobierno porteño les impuso a las prácticas es el principal eje del problema, pero no el único.
Otro asunto son las prácticas en sí, que varían según los colegios, pero hasta ahora parecen centrarse en temas gastronómicos. Respecto de esto, Laura Marrone, exlegisladora porteña y miembro de Ademys, dijo: «No le sirve a un estudiante aprender a hacer sándwiches en una casa de comidas o preparar los pedidos de Rappi en un centro para entregar a los repartidores como ya está ocurriendo en el Comercial 5, por señalar algunos ejemplos».
En el mismo sentido, Marrone destaca que un proyecto potencialmente válido de vinculación con el mundo del trabajo «requeriría un diseño pedagógico planificado por las propias escuelas, vinculado a la orientación de las mismas, a cargo de sus docentes. Pero eso no está en el interés privado de los empresarios».
Otras empresas con las que el Ministerio porteño de Educación convino las prácticas laborales son Accenture; Megatlon; Infobae; Byma; Banco Galicia y, más recientemente, la cadena hotelera Wyndham, hecho celebrado por la ministra Acuña en su Twitter.
Por su parte, Amparo López, alumna de 5° y presidenta del Centro de Estudiantes del IES «Juan Ramón Fernández», destaca el conflicto, a su criterio «grave», de combinar las horas perdidas de materias curriculares sumada a la obligatoriedad: «Si no vas a la pasantía o a los cursos, desaprobás todo el año».
Las pasantías incluyen organismos oficiales. La Policía de la Ciudad, a partir de un convenio suscripto en junio pasado, capacita para «colaborar en la formación de los jóvenes y acompañarlos en la construcción de su futuro», según propone un video promocional. El área de Higiene Urbana también es un capacitador con el propósito –en palabras de la ministra Acuña– los estudiantes «integren, complementen y profundicen sus capacidades».