Organizaciones sociales presentaron un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar el proceso de licitación del servicio de comedores escolares al entender que no existió una participación de la comunidad educativa en el proceso de selección y considerar que la actual prestación entrega alimentos de mala calidad.
El recurso colectivo recayó en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad 22 y estuvo motorizado por organizaciones entre las que se encuentran el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes.
La presentación cuestiona la licitación pública que concesionará por cuatro años más el sistema de alimentación escolar, que contempla el servicio de comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes y que desde hace dos décadas está en manos de las mismas 19 empresas, según los amparistas.
En ese marco, advirtieron que el menú, en la actualidad, se compone de «tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas y productos ultraprocesados para bebés de un año».
«Queremos que nuestros chicos se alimenten en las escuelas, y eso está lejos de suceder si se mantiene el sistema de prestación a través de concesionarias», señalan en un comunicado, donde piden, también al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Educación que, «por un lado, democraticen la discusión de Servicios de Comedores Escolares y por otro, que mejoren la calidad del alimento que dan».
La semana pasada, la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó un proyecto para cambiar el sistema vigente de los comedores y viandas escolares de la Ciudad de Buenos Aires, al asegurar que «la calidad de la comida es mala» y denunciar «un negocio» entre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con las empresas proveedoras del servicio alimentario.
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sostuvo que «las concesiones se convocaron sin otorgar ninguna instancia de participación a la comunidad educativa como manda la Constitución nacional».
En tanto, María Eva Koutsovitis, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, precisó que «una semana antes del comienzo de clases, el Gobierno porteño llamó a una licitación pública para definir qué empresas van a ocuparse del servicio» y señaló que «todo indicaría que estaría direccionado para favorecer a las mismas 19 empresas denunciadas sistemáticamente por las familias, las cooperadoras y los organismos públicos».