Un grupo de ciudadanos y ex legisladores, entre los se encuentra Martín Hourest, presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo de la jueza Alejandra Petrella, a los fines de dejar sin efecto la Ley N° 6.247, que regula la venta de inmuebles públicos en la Ciudad.
Esta normativa, sancionada en la sesión del 21 de noviembre de 2019 de la Legislatura porteña, tan solo con el voto de 33 ediles larretistas, fue fuertemente repudiada por los diputados de la oposición y criticada por vastos sectores de la ciudadanía porteña, que denuncian la constante entrega de tierras a corporaciones inmobiliarias que viene desarrollando la gestión de Larreta en la Ciudad.
Como la mayor parte de las iniciativas relativas patrimonio ciudadano, esta propuesta, que se dio a llamar ‘Nuevo régimen para la disposición de bienes inmuebles en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’, fue concebida en la Jefatura de Gobierno porteña. La misma, dispone flexibilizar la venta de inmuebles estatales en todo el sector de la administración pública, “bajo los principios generales de libre competencia, concurrencia e igualdad, de legalidad, publicidad y difusión, transparencia, razonabilidad, eficiencia y uso de tecnología para permitir la participación real de la comunidad”. (sic)
Las únicas reparticiones de la administración pública porteña que, por la índole de sus funciones tienen vedado participar dela liquidación de los inmuebles públicos, son el Instituto de la Vivienda y la Corporación Buenos Aires Sur. El resto de las reparticiones, desde la administración central hasta las Comunas pueden disponer, enajenar y liquidar el patrimonio inmobiliario porteño a discreción, mediante subasta pública; licitación pública; concurso público; disposición directa; venta con prioridad de compra.
“Esta acción de amparo pretende lograr la inconstitucionalidad de la ley y así evitar el vaciamiento cultural y patrimonial en la Ciudad”, señalan Eduardo Antonio Pisani Torre, Martín Hourest y Luis Alberto Bragagnolo, firmantes de la medida cautelar. Consideran que esta norma no es transparente ni discrecional en sus procedimientos, dado que desregula la venta de bienes inmuebles de valor histórico y artístico. También aseguran que viola derechos y garantías constitucionales, mediante la aplicación de procedimientos poco transparentes, afectando el patrimonio ciudadano de los y las contribuyentes.