El comienzo de 2025 no pudo ser más complicado para los vecinos de la Recoleta. Más de 95,000 hogares se quedaron sin luz en un episodio que puso de manifiesto las fragilidades del sistema eléctrico argentino. La crisis energética experimentada pone de relieve la complejidad y fragilidad del sistema eléctrico argentino. La falta de inversiones significativas en infraestructura, sumada a la obsolescencia de la red de transporte y la política de congelamiento de tarifas, ha llevado al país a un estado crítico en el que cortes masivos de electricidad se convierten en una normalidad angustiante.
Lo que pone de manifiesto la necesidad de un debate serio y constructivo sobre cómo reformar el sistema para garantizar no solo su funcionamiento adecuado, sino también su capacidad para crecer y adaptarse a las exigencias del futuro. En un mundo donde la transición hacia energías renovables es no solo deseable, sino crucial, Argentina debe enfrentar sus desafíos con una visión clara y estrategias adecuadas. Sin una inversión sostenible y la modernización de redes, el país seguirá enfrentando cortes y apagones que afectan la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Esta situación se da en un contexto en el que la empresa Edesur, la distribuidora de energía que opera en la zona, había considerado abandonar el país; sin embargo, tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones de 2023, revirtió esta decisión. Desde esta empresa manifestaron que el apagón de Recoleta se debió a causas ajenas a la distribuidora, originadas en la generación de energía. La acusación apunta directamente a Central Puerto, la generadora más importante del país, que tiene entre sus socios a Nicky Caputo, cercano a Mauricio Macri.
Desde Central Puerto argumentaron que un «objeto volador», identificado como una rama, fue el causante del desperfecto que dejó a casi 100,000 personas sin suministro eléctrico. Esto resalta la fragilidad de la infraestructura energética del país, que, tal y como se ha observado durante tormentas recientes, simplemente no soporta condiciones climáticas adversas.
Para entender la magnitud de la crisis, es indispensable desglosar el sistema eléctrico, que se divide en generación, transporte y distribución. El segmento de generación es el más lucrativo, puesto que, a diferencia del transporte y la distribución, no se rige por tarifas reguladas. Esto significa que el precio de la energía se establece a través del mercado, lo que atrae un mayor interés por parte de las empresas, especialmente en el área de energías renovables.
Curiosamente, las energías renovables han logrado obstáculos regulatorios que les permiten tener prioridad de ingreso al sistema, a pesar de su costo más elevado por watt producido. Esto no ocurre en el transporte y la distribución, donde la falta de inversión es notoria y se ha ido acentuando con los años. Un exfuncionario de la Secretaría de Energía enfatizó: “Las líneas se colapsaron cuando entraron las energías renovables, que tienen el costo de generación más alto y prioridad de ingreso al sistema. La rentabilidad de las empresas que generan renovables es inmensa, y deberían asumir responsabilidades por la necesidad de ampliar el sistema, ya que lo saturaron y se beneficiaron de la obra pública”.
Las empresas han utilizado el congelamiento de tarifas como uno de sus fundamentos para justificar la falta de inversiones en infraestructura. Sin embargo, los datos muestran una discrepancia en estas afirmaciones. Transener, por ejemplo, mantuvo sus inversiones estables en alrededor de 8 millones de dólares anuales desde la privatización hasta 2011. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, las cifras se dispararon a unos 17.6 millones de dólares anuales, continuando en un promedio similar hasta el último año de Mauricio Macri. Curiosamente, entre 2019 y 2023, las inversiones de Transener alcanzaron la impresionante cifra de 31.7 millones de dólares anuales.
Este panorama sugiere que el argumento sobre el congelamiento tarifario no se sostiene. Los secretos detrás de esta aparente contradicción residen en las inversiones en activos no regulados, es decir, aquellos negocios que se desarrollaron fuera de la concesión. Un caso emblemático es la deuda adquirida por Transener para comprar Transba. La inquietud radica en si esa deuda se pagó con ingresos provenientes del servicio concesionado. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el pago de deudas relacionadas con actividades ajenas a la red de transporte superó las inversiones en más de tres ocasiones, alcanzando en 2022 una suma de 102 millones de dólares.
Con el aumento en la temperatura, los cortes masivos de electricidad volvieron a ser una triste realidad para muchos argentinos. Tal como se había anticipado, el propio gobierno estuvo al tanto de la situación y llegó a anunciar un fallido plan de contingencia. Este plan, que por diversas razones internas de la cartera de Energía se quedó en un mero enunciado, no logró afrontar la creciente crisis.
Asimismo, se reabrió el debate sobre el insuficiente plan para reforzar el transporte eléctrico, un eslabón que muchos especialistas consideran que es más crítico en la cadena de suministro de electricidad que la falta de generación como tal. Esto viene acompañado de la controversia en torno a la decisión de congelar el plan para reforzar el anillo de transmisión del área metropolitana, un acuerdo que había sido establecido por el exministro Sergio Massa con China.
Como colofón, Transener, la principal empresa de transporte eléctrico en Argentina, también se pronunció sobre la calidad del servicio. Carlos Borga, director de Transener, dejó claro que el problema no radica en la generación, sino en que la red de transporte es obsoleta, un hecho que compromete gravemente el funcionamiento del resto del sistema. Según sus palabras, «si el sistema de transporte tiene mala calidad, indefectiblemente el servicio del usuario final no va a ser bueno».