«En la búsqueda de la ampliación de derechos resignamos posiciones dogmáticas y flexibilizamos aspiraciones para la búsqueda de una ley que sumara y permitiera una alternativa terapéutica para quienes la necesiten», dijo durante la sesión la diputada y presidenta de la comisión de Salud, Patricia Vischi (UCR-Evolución).
El texto aprobado es el resultado de dos proyectos impulsados por Leandro Halperin (UCR-Evolución) y María Rosa Muiños (Frente de Todos), que también incluyeron en su elaboración a asociaciones civiles como el club de cultivo Jardín del Unicornio y la agrupación Mamá Cultiva.
«La adhesión a la ley nacional 27.350 de cannabis medicinal permite que la Ciudad acompañe con particularidades propias lo establecido y que, más allá de la epilepsia refractaria, se investigue para qué enfermedades puede considerarse como tratamiento», añadió Vischi.
La norma declara de interés sanitario aquellas acciones tendientes a «proteger, promover y mejorar la salud de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados», ya sea con fines medicinales, paliativos o terapéuticos, como así también en la reducción de daños en materia de adicciones.
Por otro lado, establece que el Ministerio de Salud porteño promoverá investigaciones clínicas sobre el uso del cannabis medicinal «con la finalidad de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su uso».
De estas investigaciones, podrán participar asociaciones civiles relacionadas a la temática, hospitales públicos, universidades, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Durante la sesión, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman, manifestó su desacuerdo con el artículo 6 de la nueva ley, al decir que con una «redacción peligrosa, ratifica penalización de los usuarios que no están dentro de los límites restrictivos».
El artículo al que se refirió Bregman establece la «autorización para el cultivo personal» a todo paciente, representante legal o tutor «que se encuentre comprendido en las previsiones de la ley nacional 27.350 (…) en las cantidades y formas que determine la legislación vigente, previa autorización de la autoridad de aplicación», que será el Ministerio de Salud porteño.
Luego, el diputado Gabriel Solano (FIT) apuntó que existe una «falencia» en la nueva ley: no incorporar el cannabis medicinal al Plan Médico Obligatorio (PMO) «para garantizar el acceso a quien lo requiera».
La diputada María Rosa Muiños (FdT), por su parte, se refirió al decreto presidencial conocido hoy que, a través de una nueva reglamentación de la ley nacional 27.350, autoriza el autocultivo.
«Nuestro Gobierno nacional avanzó en una nueva reglamentación que amplía derechos. Se ha mejorado y dado una normativa de avanzada que, en consonancia con la adhesión de la Ciudad, va a garantizar el acceso efectivo a tratamientos de salud», sostuvo.
Y agregó que la ley local «da respuestas concretas a una necesidad que está latente en la sociedad, en la lucha de las organizaciones y de un montón de familias y mamás que tratan de darle una mejor vida a sus hijos».
El diputado Leandro Halperín (UCR-Evolución), impulsor de la ley local que incluyera la autorización al cultivo personal de cannabis medicinal, consideró que «estamos ampliando derechos que trascienden a esta ciudad».
Y afirmó que su proyecto «se origina en la lucha de esas personas que necesitan esta sustancia para vivir mejor, para sentir menos el dolor».
Luego agregó que «esto no termina acá, muchas familias siguen siendo perseguidas. Debemos avanzar en la accesibilidad a derechos fundamentales, regular los usos industriales del cannabis, despenalizarlo y terminar con la persecución injusta hacia quienes solo quieren vivir de una manera que otros no aceptan»