En conferencia de prensa, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunció que la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), intenta destruir las pruebas de asbesto en los trenes. Los Metrodelegados expresaron que SBASE -empresa estatal que administra el Subte porteño- junto Metrovías S.A. -empresa que explota la concesión de este servicio-, pretenden deshacerse de los coches CAF 5000 que contienen el mineral cancerígeno, asbesto, conocido también como amianto.
En febrero de este año, los trabajadores de Metrovías alertaron que los trenes comprados en Madrid durante la gestión del ex Jefe de Gobierno Mauricio Macri contenían piezas y accesorios con asbesto. Recientemente, en Madrid, este mineral causó la muerte por cáncer a un operario del Metro, en tanto que otros cinco enfermos se encuentran en observación.
En el mes de junio, el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur, certificó la presencia de asbesto en las formaciones CAF 5000. El estudio, encargado por los Metrodelegados, reveló la presencia de asbesto, variedad crisotilo, en componentes de los trenes Mitsubishi de la línea B, Nagoya de la línea C y CAF-GEE de la línea E. También se descubrió partículas de asbesto en talleres, instalaciones fijas del Subterráneo, escaleras mecánicas y techos de vestuarios de los trabajadores.
El viernes 10 de agosto, los consorcios interesados en participar en la licitación por la explotación del servicio del Subte, se mostraron preocupados por las posibles ramificaciones de la crisis del asbesto y solicitaron a SBASE permanecer “indemnes” ante futuros juicios por causa del material cancerígeno. Requirieron, también, que se considere una causa de fuerza mayor la imposibilidad de poner en servicio trenes que no cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
Este mes de agosto, el Gobierno porteño tiene previsto otorgar la concesión explotación del Subte por 15 años. A pocos días de la apertura de los sobres, los interesados en la concesión se mostraron preocupados por las posibles ramificaciones del hallazgo de asbesto en varias flotas de la red porteña. Al menos uno de los tres consorcios interesados en la competencia manifestó sus reparos acerca de que “coches contaminados con amianto” hayan sido incluidos en el “Plan de Flota 2020”. En este sentido, se encuentra contemplado el retiro definitivo de los CAF 5000 de la línea B y de los Nagoya 250/300/1200 de la línea C, pero se mantendrán operativos los Mitsubishi de la línea B y algunas formaciones CAF-GEE de la línea E, a pesar de que en un primer momento se había previsto retirarlos de servicio para fines del año próximo.
Al respecto el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, manifestó “Si pretenden llevarse los trenes de manera unilateral, nosotros no descartamos en tomar medidas de fuerza y autodefensa. Exigimos que Metrovías y SBASE examinen las piezas y luego que los compañeros sean enviados a realizarse los estudios específicos de manera regular, porque la asbestosis puede tardar décadas en manifestarse en el cuerpo de los que manipularon las piezas”.
A principios de año, SBASE negó y descartó la existencia de asbesto en los vagones que circulan en la red local. Sin embargo, la confirmación de este peligroso material propició que se realizara una comisión especial para evaluar las condiciones de toda la flota de ese modelo. “Si bien estuvimos a disposición de conformar esta comisión en la Subsecretaria de Trabajo, tanto Metrovias como SBASE impidieron avanzar en la concreción de la toma de muestras. Solo pretenden eliminar los coches para evadir su responsabilidad”, afirman los Metrodelegados.
En tanto no se resuelva, el consorcio que salga adjudicado en licitación para operar la red a partir del 1° de enero de 2019 deberá convivir, inevitablemente, con coches que tienen asbesto entre sus componentes. La presencia de este material cancerígeno. La única preocupación de los consorcios radica en que “el futuro concesionario [pueda] ser responsabilizado por eventuales consecuencias, incluidas las que puedan derivarse de las sentencias judiciales futuras, resultantes de la existencia de este mineral tanto en el material rodante como en estaciones y otras instalaciones”.