La familia de Lucas Menghini Rey, la última de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once encontrada entre los vagones retorcidos, pidió hoy que los principales imputados vayan a juicio oral por los cargos de “asociación ilícita, administración fraudulenta y descarrilamiento doloso”.
En su respuesta al juez federal Claudio Bonadío, que declaró cerrada la investigación y pidió conformidad a las partes, Paolo Menghini y María Luján Rey pidieron que la imputación contra los ex concesionarios de TBA, Claudio y Mario Cirigliano, y los ex secretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. «Es indisimulable la voluntad de enriquecimiento desmedido de los empresarios y la voluntad concurrente de éstos, quienes han conformado una asociación ilícita que pudo operar con sobrado éxito económico y desastroso resultado en materia de operativa ferroviaria, con la complicidad de los funcionarios públicos aquí invocados», sostuvo la familia en el escrito.
Los Menghini Rey acusaron al maquinista de la formación siniestrada, Marcos Antonio Córdoba, de ser «partícipe secundario» de la tragedia, «ya que advirtiendo la posibilidad cierta del choque” no actuó “de acuerdo a su responsabilidad».
Este pedido es el más duro de los que ya presentaron días atrás las otras tres querellas y el fiscal Federico Delgado, y es extensivo a todo el directorio de la concesionaria y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa y Antonio Sícaro, y contra el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
«De la actividad pesquisitiva surge con extrema claridad que los fondos entregados por el Estado Nacional no eran aplicados como correspondía al material rodante e infraestructura de las líneas, a efectos de prestar un servicio seguro, confiable y con mayores índices de regularidad, sino que eran transferidos mediante groseras maniobras de defraudación a otras empresas del grupo Cirigliano, con el claro objeto de obtener un lucro económico indebido”, dice la presentación.