La Corte Suprema de Justicia recibirá mañana a representantes del Estado, del Grupo Clarín y ONGs, en una audiencia informativa que busca ser el paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del grupo empresario sobre dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada hace cuatro años por el Congreso de la Nación.
En la audiencia, que comenzará a las 10 en el cuarto piso del edificio de la calle Talcahuano, la Corte escuchará los argumentos de las partes y de diez organizaciones no gubernamentales que actuarán como «amicus curiae» (amigos de la Corte), que son terceros sin tener parte directa en el litigio.
Ellos argumentarán a favor o en contra de los artículos cuestionados, para colaborar con el tribunal en la resolución del conflicto.
Cinco organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil respaldarán con sus exposiciones el argumento del Estado, en tanto que otras cinco avalarán el planteo de inconstitucionalidad de Clarín.
En respaldo de la ley, estarán el CELS, con Horacio Vertbitsky y Gastón Chiller, y el patrocinio de Damián Loreti; la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), con Miguel Julio Rodríguez Villafañe; y las universidades nacionales de San Martín, con el rector Carlos Ruta y Eduardo Ratti; y de Lanús, con la rectora Ana Jaramillo, y Víctor Abramovich.
También la Asociación Argentina de Juristas, representada por Ernesto Moreau, con el patrocinio de Beinusz Szmukler y Claudia V. Rocca, con Beinusz Szmukler como orador.
En tanto, por la postura del Grupo Clarín intervendrán la Asociación Internacional de Radiodifusión, con Héctor Amengual y el patrocinio de Gregorio Badeni; y el Comité del Consumidor (CODELCO), representada por Francisco Durand Casali y el patrocinio de Andrés Gil Domínguez;
También la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con Eduardo Oteiza; Observatorio Iberoamericano de la Democracia-Asdrúbal Aguiar Aranguren, con el patrocinio de Carlos Laplacette y Adrúbal Aguiar como orador, y Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), representada por Carlos Jornet, con Luis Pardo como oradore y Lucas Grossman como abogado.
Cada ONG dispondrá de 15 minutos para exponer sobre aspectos específicos de los puntos de la norma que siguen bajo controversia: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y, sobre todo, la cláusula de desinversión que permanece todavía frenada judicialmente por el Grupo Clarín.
El máximo tribunal avaló también la participación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que encabeza Cynthia Ottaviano, como amicus independiente, al igual que ocurrió con el Centro de Estudios en Derecho y Economía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, representada por Juan Vicente Sola.
En tanto, la Corte deberá resolver pedidos como amicus independiente de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; el Observatorio Iberoamericano de la Democracia; la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); el abogado Lucas Sebastián Grosman; y la Asociación Argentina de Juristas.
También están pendientes de resolución la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores; el Foro Argentino de Radios Comunitarias; y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo; la Universidad Nacional de Moreno y la Asociación Comunitaria Aborigen Napalpí.
Además, pidieron presenciar la audiencia las senadoras Liliana Fellner y María Eugenia Estenssoro, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios; el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; la diputada nacional Laura Alonso; y la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, María Lucila Colombo.
En tanto, a través del Centro de Información Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó un escrito en el que solicitó se la autorice a exponer su posición en la audiencia.
La ley fue aprobada en 2009 por el Congreso, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación, y, por esa razón, aún quedó trunca la aplicación plena de la norma.
Ese planteo generó cinco pronunciamientos de la justicia: cuatro de ellos a favor de la constitucionalidad de los artículos (fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de la cámara y Procuración General de Justicia de la Nación) y el restante avaló la inconstitucionalidad (Cámara).
A partir de esto, el gobierno solicitó a la Corte que se pronuncie, haciendo uso del per saltum, y, se presume, que la audiencia convocada por el alto tribunal para mañana será el último paso antes de emitir un fallo.
La audiencia contará con la presencia de 126 periodistas de diferentes medios nacionales e internacionales, que ya tramitaron su acreditación, en tanto que se informó que el Centro de Información Judicial transmitirá la audiencia en directo a través de su página web: www.cij.gov.ar.
Fuente: Télam