Organizaciones sociales y políticas de diferentes barrios pobres porteños patrocinados por la Defensoría General de la Ciudad demandarán judicialmente este jueves al gobierno de Mauricio Macri para que lleve adelante una serie de mejoras en esas zonas.
“Es un amparo que presentarán los referentes elegidos en los comicios que hubo en las villas, y lo que tiene de inédito es que se trata de la totalidad de los barrios que se unen bajo un reclamo común”, explicó Roberto Gallardo, Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
La presentación judicial, que exigirá cuatro puntos, “no pretende ser una solución a toda la problemática descripta, sino el puntapié inicial para la concreción efectiva de mejoras imprescindibles para derribar los muros que segregan y aíslan”, consignó un comunicado de la Defensoría leído este mediodía durante el anuncio de la medida judicial.
Antes de enumerar las mejoras concretas que se exigirán en el amparo, Gallardo sostuvo que desde el Gobierno de la Ciudad “directa o indirectamente se fomenta la concentración de los grupos pobres en barrios específicos, generalmente en el sur y se los aísla del resto de la urbe, obligándolos a vivir en las peores condiciones de aislamiento y desatención”.
“La Ciudad expulsa por la inexistencia de políticas de viviendas sociales a cientos de familias a la calle que luego obliga a vivir en barrios formales o informales pero pobres y aislados en condiciones indignas”, describió.
Según la Defensoría, “más de medio millón de personas viven en esta situación” y “la sociedad dual que fomenta la política de este gobierno es una sociedad no sólo repugnante a la constitución y los tratados internacionales, sino intrínsecamente violenta”.
Concretamente, los vecinos exigirán en primer lugar “la construcción de al menos una calle que atraviese cada barrio en cuestión, y que deberá estar integrada a la traza urbana y tener características iguales a las del resto de las arterias».
En segundo término, se solicitará que “en forma inmediata se ejecute un plan de iluminación de los barrios pobres que los iguale con las intensidades lumínicas» que hay en otras zonas.
También se exige la modificación de “la ruta de al menos una línea de transporte de pasajeros local a fin de que circule por la nueva senda construida”, con frecuencias homólogas a las otras líneas.
Finalmente, se intimará al Gobierno porteño a remover “la totalidad de la basura que se deposita diariamente en los barrios pobres como si estos fueran verdaderos vaciaderos públicos y se modifiquen los sistemas de recolección y barrido igualando a los del resto de la Ciudad”.
“Una Ciudad que invirtió millones de pesos para una carrera de autos en sus calles, que gasta otro tanto en cámaras de seguridad o en equipamiento para sus fuerzas policiales no tiene autoridad moral para negarle a sus vecinos, comunicación, iluminación, transporte y sanidad”, enfatizó la Defensoría.
Por su parte, las organizaciones sociales y políticas que llevarán adelante la demanda anunciaron que realizarán una movilización el jueves al mediodía para acompañar la presentación formal de la acción judicial.
Bajo las consignas “Urbanizar ya”, “Integrar ya”, “Calles ya”, “Iluminación ya”, “Colectivos para los barrios” y “Basta de juntar basura en nuestros barrios”, los vecinos se preguntaron en un comunicado leído durante el anuncio de la presentación: “¿Somos iguales o no tanto?”.
En la movilización del jueves también reclamarán el desprocesamiento de Luciano Nardulli y Diosnel Pérez, ambos comprometidos en la causa del Parque Indoamericano.
“Nos hemos unido para poder derribar muros, unidos podemos decir que ha llegado la hora de un punto y aparte en esta vieja historia de abandono y exclusión”, concluye la carta.