Los padres de las dos jóvenes que murieron en 2010 al derrumbarse un entrepiso del boliche «Beara», del barrio de Palermo, celebraron la decisión de la Justicia porteña de procesar y dictar embargos millonarios a cuatro ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habían sido sobreseídos o habían quedado desafectados de la causa.
«Estamos ante una trama de complicidad entre empresarios, policías y funcionarios. Lo que pasó ayer es un paso hacia adelante en la búsqueda de justicia», afirmó Juan Lizarraga, papá de Ariana, quien falleció el 10 de septiembre de 2010 por el derrumbe del entrepiso del boliche.
Entre los procesados está Martín Farrell, ex jefe de Habilitaciones el Gobierno porteño, quien había sido sobreseído en la causa y estuvo a punto de ser nombrado juez del fuero contencioso administrativo a propuesta del jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente, Mauricio Macri.
Ante la posibilidad de que ello sucediera, los padres Ariana y de Leticia Provedo realizaron hace justo un año una marcha de repudio, acompañados por legisladores del bloque de FpV.
«El pliego no prosperó y Farrell que iba a ser ‘premiado’ con una designación para ser juez y había sido sobreseído de la causa, desde ayer es un procesado más y deberá dar respuesta ante la ley», dijo Alicia Tagliaferro, madre de Leticia, que expresó que «su hija estaría viva» si estos funcionarios «no hubieran aceptado sobornos, tal como quedó probado en la instrucción».
Además de Farrell, quedaron procesados Pablo Saikauskas, ex director General de Habilitaciones; el arquitecto encargado de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y la ex directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski.
Según Tagliaferro, «parece que esta vez la jueza aceptó las pruebas que aportó el fiscal, que sostienen que los funcionarios no controlaron las condiciones en que fue habilitado y funcionaba el boliche y aceptaron coimas a cambio de no informar las irregularidades del local».
La resolución de la jueza Alicia Iermini, firmada ayer, resuelve procesar sin prisión preventiva pero con embargos de tres millones de pesos por «homicidio culposo y cohecho» y por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» a los ex funcionarios que habían quedado fuera de la investigación», dijo Juan Lizarraga.
El hombre explicó que el boliche «tenía una habilitación como casa de fiestas privadas pero hacían dos cumpleaños y 10 bailes y recitales por mes».
Según el familiar, «todo estaba en negro, todo era ilegal en Beara, así como en Caramel, el boliche lindero -que hoy funciona bajo el nombre de Rabbit- de los mismos dueños, también procesados en la causa».
Según la resolución, junto a los funcionarios macristas fueron procesados los comisarios y subcomisarios de la seccional 25 Rodolfo Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Gustavo Fabián Lombardo, Osvaldo Bachmann, Guillermo Erdman, Gustavo Lombardo y Julio Alfredo González.
Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2010 cuando un precario entrepiso construido en Beara, situado en Scalabrini Ortiz al 1600 del barrio porteño de Palermo, se derrumbó provocando lesiones que determinaron la muerte de las jóvenes y decenas de heridos.
La magistrada detalló que el local «no fue controlado correctamente ni antes ni después de ser habilitado y en consecuencia tanto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, como la Dirección de Fiscalización y Control fueron eslabones que no sacaron a la luz las irregularidades que poseía Beara y que concluyeron con el fatal suceso investigado”.
En el marco de esta investigación, el año pasado la Sala Séptima de la Cámara del Crimen había determinado los sobornos afirmando que existe “un plexo probatorio suficiente” sobre “el pago ilícito de dinero” para la habilitación.