Por Movimiento Comunero
Los hechos
El Gobierno central de la Ciudad decide hacer una intervención en el Parque Centenario del barrio de Caballito, Comuna 6 y dice haber consultado a la Junta Comunal de dicha Comuna. Los Juntistas Comunales dicen haber tratado el problema y resuelto conformar una comisión de trabajo con todos los sectores involucrados para consensuar un plan de reordenamiento del parque que no funcionó nunca. El Consejo Comunal dice no haber sido informado de esta iniciativa y varios vecinos y organizaciones barriales dicen no participar en el Consejo Comunal porque el mismo había sido copado por militantes partidarios que los excluyeron de las decisiones, por imposición de un reglamento y votaciones «aparateadas». El Gobierno de la Ciudad decide empezar su intervención cerrando el parque con un vallado. Muchos vecinos y puesteros se oponen y manifiestan su oposición al mismo. La Policía Metropolitana reprime violentamente dichas manifestaciones, incluso con personal vestido de civil y no identificado. Los descontentos hacen una medida de no innovar que en principio es aceptada por el Poder Judicial, pero luego es revocada por el Juez Osvaldo Otheguy fundando su decisión en que «no se vislumbra…que el enrejado sea de exclusiva competencia comunal…. (y) ante… la falta de una norma que establezca una modalidad de participación concreta previa a la decisión impugnada».
Los porqués
El Gobierno de la Ciudad, a través del Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Dr. Eduardo Macchiavelli, ha expresado explícitamente la voluntad anticonstitucional de hacer que las Juntas Comunales – elegidas por los ciudadanos de cada Comuna, sean «delegados» del gobierno central y dependientes del mismo, en lugar de autónomas. Por eso no les da un presupuesto propio ni les transfiere las competencias que les corresponden por ley. En este marco la mencionada «consulta» a la Junta Comunal tiene más el carácter de una información para cubrirse las espaldas con el aval de los Juntistas PRO – que tienen mayoría – que el acatamiento a lo establecido en la Ley 1777, arts. 10º inc. b) y 11º inc b), los cuales rezan respectivamente que «las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes…» y «las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo la decisión, contratación y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal…». En esas circunstancias es lógico que la Comisión de Trabajo creada por la Junta Comunal haya sido desactivada por voluntad del gobierno central en acuerdo con los Juntistas del PRO. También resulta coherente con dicha voluntad excluir al Consejo Comunal en la consulta sobre el tema; voluntad a la que los restantes Juntistas no supieron y/o quisieron oponerse.
Por otro lado, el «copamiento» del Consejo Comunal de la Comuna 6 por vecinos y organizaciones militantes del FPV – en contra de la naturaleza abierta, participativa y orientada a construir consensos del mismo – generó la exclusión de varios sectores y organizaciones vecinales, quienes se movieron por fuera del Consejo Comunal, planteando sus demandas directamente a la Junta Comunal o a organismos del gobierno central. Con lo cual el plan PRO de inutilizar las Comunas – instrumentado por el Secretario Macchiavelli – ve facilitada su ejecución.
El resultado final: enfrentamiento entre vecinos, intervención policial represiva y un juez que desconoce – increíblemente – las competencias exclusivas y concurrentes de la Comuna y la norma que establece el Consejo Consultivo Comunal como el Organismo de Participación Popular de la Comuna. Y quizás lo más importante de todo, un proyecto de reordenamiento del Parque Centenario elaborado de arriba hacia abajo, impuesto autoritariamente, sin consenso, conflictivo y que divide en lugar de unir a los ciudadanos en el diseño y ejecución de un pulmón verde central del barrio y de la ciudad.
Estos hechos son una clara evidencia de lo que está ocurriendo con las Comunas; los dos partidos mayoritarios intentando apropiarse partidaria y autoritariamente de los organismos de gobierno comunal (Junta y Consejo) y los vecinos sin poder todavía desarrollar, desde el pluralismo y la diversidad vecinal, un ámbito que promueva los consensos necesarios para el ejercicio pleno de la democracia participativa.
La institucionalidad comunal ausente
Sucedió justamente lo contrario de lo que la institución comunal prescribe. En primer lugar, que lo que se quiere hacer en el barrio sea discutido, elaborado y de ser posible consensuado en al ámbito del Consejo Consultivo Comunal. En segundo lugar, que la Junta Comunal trate la o las propuestas del Consejo Comunal y, o bien decida y realice por sí mismo las acciones (en caso de las competencias exclusivas) o bien las plantee al Gobierno de la Ciudad (en caso de las competencias concurrentes). En tercer lugar, que el Gobierno Comunal y/o el Gobierno de la Ciudad ejecuten las obras o acciones decididas. Y por último, que el Consejo Comunal controle la ejecución de tales obras o acciones.
Esta dinámica prevista no excluye, naturalmente, que el Gobierno de la Ciudad tenga iniciativas propias en las competencias concurrentes. Pero en tal caso, dicha iniciativa debe plantearse a la Junta Comunal y ésta consultarla al Consejo Consultivo Comunal para que la participación de los ciudadanos en la elaboración de las decisiones y el control de la ejecución de las mismas, sea una realidad que se ajuste a lo establecido en la Constitución de la Ciudad y en la Ley de Comunas.
Ciertamente el principio de la democracia participativa establecido en el artículo primero de la Constitución de la Ciudad, no es algo fácil de digerir para quienes no quieren aceptar que los barrios y la ciudad toda son de los ciudadanos y no de sus gobernantes; y que, en consecuencia, los vecinos tenemos derecho a participar en la elaboración de las decisiones a ejecutar en nuestros barrios y a controlar la ejecución de las mismas.
Esto es lo que el Movimiento Comunero viene exigiendo desde su nacimiento. Lo que implica, claro, empezar a desarrollar una nueva forma de hacer política: una forma en la que las decisiones ciudadanas se elaboran de abajo hacia arriba, se consensúan y los gobernantes actúan obedeciendo lo consensuado por sus mandantes.