Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad indica que el Gobierno de la Ciudad no le dio destino a 267 millones de pesos, pero además señala que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) nunca en su historia ejecutó la totalidad del presupuesto asignado.
De acuerdo a este estudio, el «saldo no utilizado entre 2009 y 2013 asciende a $ 267.576.007», es decir, «representa más de 630 créditos hipotecarios que podrían haber sido otorgados en estos años, tomando como referencia los montos mínimos vigentes».
«En caso de haberse ejecutado la totalidad del presupuesto, prácticamente se podría haber duplicado la cantidad de créditos otorgados desde 2007 a la fecha», dice el informe de la Defensoría, que remarca, además, que «en los últimos siete años de gestión, el promedio de créditos otorgados apenas supera los 100 por año».
En materia de vivienda social el macrismo heredó de la gestión de Aníbal Ibarra la Ley 314, mediante la cual los vecinos, organizados en forma cooperativa, podían acceder a la vivienda propia. No obstante esto, en el año 2012, el PRO lanzó el programa Primera Casa. Ninguno de los presupuestos asignados a estos programas han sido ejecutados en su totalidad: el informe de la Defensoría indica que a partir del lanzamiento del Programa Primera Casa BA, en junio de 2012, se «previó el otorgamiento de entre 3500 y 4000 créditos», se presentaron 200.000 solicitudes, de las cuales el IVC sólo derivó 5.276 carpetas y el Banco Ciudad aprobó 3.114 créditos. Sin embargo, «hasta el mes de agosto se efectivizaron 508 créditos hipotecarios», lo que representa entre el 12,7 y el 14,5% de los casi 4.000 créditos previstos.
El auditor general de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, sostiene que “hay una decisión de abandonar la política de vivienda” que «se evidencia con la disminución de los presupuestos asignados y la subejecución de los presupuestos”. El funcionario aseveró, además que la actual gestión de gobierno en la Ciudad, considera a la tierra como un negocio inmobiliario, y citó como ejemplo de Catalinas, donde ahora el empresario amigo de Macri, Nicolás Caputo, construye una torre.
“La tierra es un factor muy escaso en la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de Macri dispone para los terrenos otros fines, no para la vivienda”, indicó Epszteyn, quien resaltó que esto posibilitó el crecimiento «de manera irracional de villas, por la escasa tierra que hay».
“Hoy existe una política donde la Ciudad vende inmuebles ociosos para que se desarrollen negocios inmobiliarios cuando estos podrían ser parte del dispositivo de resolución de la problemática habitacional”, puntualizó.
El serio déficit en la política habitacional de la Ciudad, reflejado por Defensoría, se inició a partir de un estudio iniciado por el propio Instituto de Vivienda a través de la resolución 3085/13, firmada 20 días atrás, luego de una prolongada investigación sobre «la política crediticia del gobierno de la Ciudad».
Allí, los especialistas del organismo indagaron sobre dos líneas de crédito vigentes, como la establecida por la Ley 341 para cooperativas de vivienda hace una década, y el reciente programa Primera Casa, lanzado en 2012.
Por otra parte, el informe de la Defensoría del Pueblo advierte que «ninguna de las líneas de crédito otorga actualmente montos que se ajusten a los valores del mercado inmobiliario». En contraposición, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó desde 2008 más de 259.000 permisos de construcción.