por Sol Acuña
Padres, estudiantes y docentes de más de diez escuelas de la zona sur de la Ciudad, se manifestaban este mediodía para exigir respuestas por las reiteradas amenazas de bomba en los colegios, que impiden a los chicos asistir a clases de forma regular.
La comunidad educativa de los porteños barrios de Barracas y San Telmo cortaban la intersección de las calle Suárez y la avenida Montes de Oca, por las alrededor de 40 amenazas de bombas que impiden el normal del dictado de clases.
Los docentes reclamaban la urgente intervención del Estado (ministerio de Educación de la ciudad, la Justicia y la Policía) para terminar con esta anormalidad, que afecta a unos 12.000 alumnos.
En algunas escuelas las amenazas se registran de forma diaria -desde hace seis semanas- incluso dos o tres veces por día, y «no hay respuesta» por parte de las autoridades y de la Justicia, según denunciaron.
Las escuelas más perjudicadas son el Normal 5 y la Técnica 14, explicó Tamara, madre de un alumno del primer colegio.
«Ante cada amenaza se pone en marcha un operativo de evacuación que interrumpe toda posibilidad de proceso de aprendizaje. El impacto emocional es alto para todos: padres, maestros, directivos y fundamentalmente, los jóvenes y niños, sobre todo los más pequeños», explicó la mujer.
Según precisó, en las evacuaciones «no participa el SAME ni los bomberos»: la denuncia llega al 911, «viene un patrullero y pide la evacuación, y son los docentes los que cortan las calles, organizan el operativo y cuidan a los chicos».
Ante esta situación, «hicimos un recorrido institucional, sin ningún tipo de respuesta», denunció la madre, y agregó que el Ministerio de Educación de la Ciudad «le tira la pelota a la Justicia».
«La tónica (de la posición de la cartera de Educación) es la de la responsabilidad de los padres y que tienen que hablar con sus hijos. Ahora: si son chicos (los que están tras las amenazas), no son dos chicos, porque los chicos no sostienen durante tres meses tantas amenazas en dos escuelas», sostuvo.
Por otro lado, los padres cuestionan la actuación de la Justicia Federal, que «se va pasando (los casos) entre jueces de turno y hay varias causas que no se unifican».
«Una resolución del Ministerio ante nuestra demanda de pérdida de clases estipuló que van a extender el ciclo lectivo. A toda la situación que están pasando los docentes, que se están poniendo la problemática al hombro, no puede ser que la respuesta sea que ellos sigan trabajando», cuestionó Tamara.
Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, consideró el sábado que estas amenazas representan un “atentado contra la educación”, y abogó para que la Justicia investigue para dar con los responsables.
“La comunidad educativa entera de esos colegios está afectada porque los chicos deben salir del establecimiento perdiendo clases y los docentes no pueden realizar su tarea y deben estar en la calle conteniendo a los alumnos”, precisó la ministra.
Acuña detalló que las amenazas, que se hacen al 911, fueron sobre 32 escuelas, pero que hay cinco que “son las más críticas y están en la zona sur”, en los barrios de San Telmo y Barracas.
La comunidad educativa de los porteños barrios de Barracas y San Telmo cortaban la intersección de las calle Suárez y la avenida Montes de Oca, por las alrededor de 40 amenazas de bombas que impiden el normal del dictado de clases.
Los docentes reclamaban la urgente intervención del Estado (ministerio de Educación de la ciudad, la Justicia y la Policía) para terminar con esta anormalidad, que afecta a unos 12.000 alumnos.
En algunas escuelas las amenazas se registran de forma diaria -desde hace seis semanas- incluso dos o tres veces por día, y «no hay respuesta» por parte de las autoridades y de la Justicia, según denunciaron.
Las escuelas más perjudicadas son el Normal 5 y la Técnica 14, explicó Tamara, madre de un alumno del primer colegio.
«Ante cada amenaza se pone en marcha un operativo de evacuación que interrumpe toda posibilidad de proceso de aprendizaje. El impacto emocional es alto para todos: padres, maestros, directivos y fundamentalmente, los jóvenes y niños, sobre todo los más pequeños», explicó la mujer.
Según precisó, en las evacuaciones «no participa el SAME ni los bomberos»: la denuncia llega al 911, «viene un patrullero y pide la evacuación, y son los docentes los que cortan las calles, organizan el operativo y cuidan a los chicos».
Ante esta situación, «hicimos un recorrido institucional, sin ningún tipo de respuesta», denunció la madre, y agregó que el Ministerio de Educación de la Ciudad «le tira la pelota a la Justicia».
«La tónica (de la posición de la cartera de Educación) es la de la responsabilidad de los padres y que tienen que hablar con sus hijos. Ahora: si son chicos (los que están tras las amenazas), no son dos chicos, porque los chicos no sostienen durante tres meses tantas amenazas en dos escuelas», sostuvo.
Por otro lado, los padres cuestionan la actuación de la Justicia Federal, que «se va pasando (los casos) entre jueces de turno y hay varias causas que no se unifican».
«Una resolución del Ministerio ante nuestra demanda de pérdida de clases estipuló que van a extender el ciclo lectivo. A toda la situación que están pasando los docentes, que se están poniendo la problemática al hombro, no puede ser que la respuesta sea que ellos sigan trabajando», cuestionó Tamara.
Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, consideró el sábado que estas amenazas representan un “atentado contra la educación”, y abogó para que la Justicia investigue para dar con los responsables.
“La comunidad educativa entera de esos colegios está afectada porque los chicos deben salir del establecimiento perdiendo clases y los docentes no pueden realizar su tarea y deben estar en la calle conteniendo a los alumnos”, precisó la ministra.
Acuña detalló que las amenazas, que se hacen al 911, fueron sobre 32 escuelas, pero que hay cinco que “son las más críticas y están en la zona sur”, en los barrios de San Telmo y Barracas.