La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pidió que no sean inscriptos a nombre de la ciudad de Buenos Aires ocho predios que fueron traspasados por el expresidente Mauricio Macri de la órbita nacional a la administración porteña a poco de finalizar su mandato y sobre los que fue dispuesta una medida cautelar hasta que la Justicia analice la validez o no de las transferencias.
Así lo explicó el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, quien pidió que no se inscriban a nombre de la Ciudad de Buenos Aires esos ocho predios, ubicados en los barrios porteños de Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza y La Boca.
La solicitud fue planteada luego de que el viernes último la Justicia frenara el traspaso de esos ocho predios que dependían de la órbita nacional a la administración porteña, dispuesto por el expresidente Mauricio Macri un mes antes de dejar la Casa Rosada.
En este sentido, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Federal 10, Walter Lara Correa, ordenó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta «no alterar la situación de hecho o de derecho de los inmuebles» alcanzados por el amparo al que hizo lugar en el expediente hasta tanto se establezca si hubo irregularidades en esa transferencia y si no fue vulnerada la Ley de Responsabilidad Fiscal.
«La Nación le daba inmuebles a la Ciudad a cambio de deudas», advirtió Cosentino sobre el proceso aplicado para esas transferencias, en una entrevista que concedió esta mañana a Radio 10.
En el marco de una causa abierta a instancias de una denuncia de la AABA, la Justicia le dio la razón al Estado Nacional, al aceptar dictar una medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Para el juez Lara Correa, las circunstancias del traspaso «deben ser confrontadas con la irreversibilidad del daño que se pueda causar en caso de no otorgarse la medida y con los daños que puedan sufrir los intereses generales».
La AABE, además, le solicitó al Ministerio de Economía que analice si se vulneró con estas transferencias la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impide que en los últimos seis meses de Gobierno se pueda «comprometer con inmuebles o con el presupuesto a la administración siguiente».
La Ley de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 15 bis, dispone que, «durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente» y también prohíbe «la donación o venta de activos fijos».
«Que el expresidente Macri haya firmado al día siguiente de perder las elecciones un DNU permitiendo esta operación es por lo menos llamativo», planteó Cosentino y recordó que «desde el primer día» el organismo observó que «había una cantidad de inmuebles dados a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos seis meses del Gobierno anterior, en un esquema nuevo, que nunca se había hecho en ningún lugar del país», y que consistía que, «a cambio de deudas, la Nación otorgaba inmuebles».
Frente a esa situación, la AABE «presentó una medida cautelar ante un juez en lo Contencioso Administrativo pidiéndole que no se inscriban los inmuebles a nombre de la Ciudad», explicó.
En ese expediente se solicitó «no mover la situación hasta que se resuelva la cuestión de fondo y el viernes (pasado) la justicia nos dio esta medida cautelar, con lo cual protegemos estos bienes hasta que se discuta si estuvo bien o mal hecho», declaró el funcionario.
«Había una cantidad de inmuebles que fueron mal transferidos de la Nación a la Ciudad, y que fueron dados en los últimos seis meses de Gobierno (de Macri) en un esquema nuevo de traspaso de inmuebles», advirtió Cosentino.
Este esquema -continuó- consistía en que «la Nación le daba inmuebles a la Ciudad a cambio de deudas».
Puntualmente, los terrenos fueron parte de un convenio firmado entre el Estado nacional y el porteño el 13 de noviembre de 2019, un mes antes de que Macri dejara la Presidencia de la Nación.
En el acuerdo, los predios pasaban a la órbita porteña para saldar la deuda generada para las obras de construcción de los viaductos de los trenes de las líneas Mitre y San Martín.
En su presentación, la AABE señaló que los predios «fueron otorgados en dación en pago al GCBA en el marco del Convenio Específico entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado en fecha 13 de noviembre de 2019».
También recordó que, con anterioridad al traspaso, «por Decreto 355/18 el Poder Ejecutivo nacional había autorizado a la AABE, a disponer y enajenar los mencionados inmuebles, con el fin de afectar los fondos obtenidos al pago de obras de infraestructura ferroviaria, entre ellas, las de los viaductos de las líneas ferroviarias Mitre y San Martín que se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Los predios en cuestión forman parte de un listado más amplio de terrenos que Macri transfirió a la Ciudad durante su mandato a través de diversos convenios, sobre los cuales el presidente Alberto Fernández, tras asumir en su cargo, pidió una auditoría a la AABE para conocer más detalles.
En ese marco, esa agencia realizó varias presentaciones judiciales, una de las cuales obtuvo una orden del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7, en junio del 2020, para evitar la venta de terrenos en Villa Crespo y Palermo.
En el fallo actual, el magistrado consideró que «las circunstancias que motivaron el inicio de los presentes actuados deben ser confrontadas con la irreversibilidad del daño que se pueda causar en caso de no otorgarse la medida y con los daños que puedan sufrir los intereses generales».