Controversia por los nombramientos judiciales: Amnistía Internacional y otras ONGs cuestionan la validez del DNU de Milei para designar a dos jueces de la Corte Suprema y advierten sobre el riesgo que implica esta acción para la independencia judicial.
Una fuerte controversia se ha desatado en torno a la validez de los nombramientos por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de parte del Gobierno Nacional y a días del inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Esta actitud, impulsó el debate sobre la interpretación constitucional y el futuro de la independencia judicial en nuestro país, por este motivo organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Economistas Laboralistas Asociados (ELA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano, alzaron su voz para cuestionar la postura del Ejecutivo y advertir sobre las graves consecuencias que podría acarrear una interpretación laxa de la Constitución Nacional.
El epicentro del conflicto reside en la designación de jueces y funcionarios judiciales, y la controversia sobre si estos nombramientos permanecen vigentes hasta fin de año, tal como sostiene el Gobierno, pese a la negativa del Senado a prestar su acuerdo. en una nota dirigida a la opinión pública y a cada senador, estas organizaciones argumentan que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina jurídica nacional, incluso aquella invocada por el propio Ejecutivo en su decreto, establecen de manera unánime que el rechazo explícito por parte del Senado pone fin inmediato a los cargos en cuestión.
“El Senado tiene la herramienta más efectiva para frenar esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial: el rechazo inmediato de los pliegos. Cualquier dilación o inacción se convertirá en una omisión inaceptable que legitima este atropello institucional”, enfatizan las organizaciones, dejando claro su temor a que la inacción del Senado pueda sentar un precedente peligroso.
La controversia no solo se centra en la interpretación legal, sino también en la ética y la legitimidad de las acciones de los funcionarios designados. Las organizaciones señalan que tanto Ariel Lijo como García-Mansilla, dos de los individuos nombrados en el centro de la disputa, aceptaron estas designaciones “ilegítimas”. Uno lo hizo a través de la jura en el cargo, y el otro, Lijo, a través de su solicitud de licencia como juez federal (que esta semana la propia Corte Suprema le denegó). Acciones que, a juicio de las ONGs, contribuyen a validar un procedimiento cuestionable.
El epicentro de esta crítica radica en que el decreto presidencial, al permitir designaciones judiciales sin el acuerdo del Senado (requerido por la Constitución Nacional por una mayoría de dos tercios), desvirtúa el espíritu de la Carta Magna. Las organizaciones denuncian que el decreto transforma un procedimiento excepcional, diseñado para situaciones de emergencia y con una duración limitada, en una alternativa ordinaria para la designación de jueces.
La advertencia de las organizaciones es clara: avalar este mecanismo abriría un precedente peligroso para la institucionalidad democrática. El temor es fundado, considerando que un tercio de los juzgados, la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y, a partir del próximo año, la Defensoría General, se encuentran vacantes. Estos cargos, junto con la Corte Suprema, son las cabezas de los órganos judiciales previstos por la Constitución. Si se acepta la interpretación del Gobierno, advierten, esta podría invocarse para justificar designaciones presidenciales sin control del Senado en todos esos cargos.
El impacto de esta situación, de no ser abordada con rigor, podría ser devastador. «Si el Senado convalida esto, por acción o por omisión, estará habilitando que cualquier Presidente pueda designar jueces y altos funcionarios judiciales a su antojo, sin necesidad de construir los consensos requeridos por la Constitución», subrayan las entidades firmantes, resaltando la importancia del rol del Senado como garante del equilibrio de poderes.
Más allá de la legalidad, las organizaciones recuerdan que la postulación de los candidatos ya generaba controversia, con razones para su rechazo que ahora se ven acentuadas por la acción del Ejecutivo. Lo que está en juego, afirman, es la vigencia de los equilibrios constitucionales en la conformación del Poder Judicial y, fundamentalmente, la independencia del Máximo Tribunal.
En su conclusión, las organizaciones son contundentes: el Poder Ejecutivo ha avanzado con un acto que consideran inconstitucional, pero el Senado tiene la oportunidad de defender su autoridad política. La inacción del Senado, reiteran, podría generar un daño de largo alcance y difícil reparación en la división de poderes y la independencia judicial, pilares fundamentales de un sistema democrático. La resolución de esta controversia, por lo tanto, será crucial para el futuro de la institucionalidad argentina y la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia.