Por Julia Egan (*)
En marzo de 2006, el incendio de un taller de costura ilegal ubicado sobre la calle Luis Viale, del barrio de Caballito, provocó la muerte de cinco niños y una mujer embarazada. El sucesopermitió revelar las extremas condiciones de trabajo que existen en la industria de confección de indumentaria en Argentina. Diez años después, se inició el juicio penal donde se imputó a los talleristas, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, quienes recibieron una pena de trece años de prisión por el delito de estrago culposo.
Sillerico y Correa comenzaron trabajando en un taller perteneciente a Damián Fischberg y Javier Geiler. Como estos necesitaban aumentar su producción, presuntamente prestaron dinero y maquinaria a Sillerico y Correa para instalar un nuevo taller en Luis Viale, que quedó a su cargo. Habilitado en 2001 para cinco máquinas, allí trabajaban 64 personas y nunca había recibido una inspección, aunque los trabajadores señalan haber presenciado visitas policiales que implicaban el pago de coimas en efectivo y con prendas de vestir. Los peritos confirmaron la precariedad de la instalacióneléctrica y su sobrecarga, debido a la gran cantidad de máquinas y su utilización continuada durante varias horas al día. De hecho, la jornada diaria de trabajo se extendía por 14 horas de lunes a viernes y entre 5 y 6 horas los sábados. El pago era de 200 pesos semanales, mientras que el equivalente de convenio, también insuficiente, era de 600 pesos. Sin embargo, al momento del incendio se habían cumplido cinco meses sin cobrar.
Si bien el caso de Luis Viale logró trascendencia pública, la situación descripta es generalizada, y el Estado se ha desentendido de todo tipo de control:el 80% de la ropa que se produce en Argentina se realiza de forma ilegal. Para 2014, el Registro de Trabajo a Domicilio del GCBA solo registró 196 talleristas habilitados, 2 intermediarios y 54 obreros, cuando organizaciones como La Alameda denuncian la existencia de miles de talleres y obreros en estas condiciones. Por su parte, el Estado Nacional tampoco ha hecho demasiado. Basta con señalar la existencia de al menos 46 mil puestos ilegales en el país, de los cuales un 80% se dedican a la venta de indumentaria.
¿Por qué este esquema parece repetirse con el correr del tiempo? La industria de confección argentina es una rama que presenta un mayor atraso en relación con el resto de la economía por su baja mecanización. Esto implica que utiliza más trabajo humano que otras. De allí que, para poder garantizar su ganancia, los empresarios de la actividad deben recurrir a la degradación de las condiciones de trabajo a partir de una explotación intensiva de los trabajadores. Si el Estado vigilase adecuadamente esta situación, la continuidad del grueso de la actividad sería insostenible. La corrupción policial, la inacción gubernamental, el vaciamiento de oficinas de inspección del trabajo a domicilio y el accionar judicial garantizan este funcionamiento. Lo sucedido en el taller de Luis Viale es la regla, no la excepción. Por eso, no se trata simplemente de una falta a la moral individual o violación de la ley.La muerte de los costureros constituye un crimen social porque es consecuencia de la forma en que funciona la producción en esta rama, no de una excepción. Por tanto, el conjunto de los empresarios de la industria, bajo el amparo estatal, atentan cotidianamente contra la vida de los trabajadores con el objetivo de garantizar e incrementar sus ganancias. Con este fallo, que no avanza sobre los empresarios responsables de estas muertes, la justicia y el Estado muestran su complicidad con esta situación, hasta tal punto que incluso violan abiertamente la Ley de trabajo a domicilio, que prevé la responsabilidad solidaria de empresarios, talleristas e intermediarios.
Así, avalan en los hechos que la actividad funcione de esta manera y que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores.(*) Socióloga, becaria doctoral de CONICET y miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS).
Sillerico y Correa comenzaron trabajando en un taller perteneciente a Damián Fischberg y Javier Geiler. Como estos necesitaban aumentar su producción, presuntamente prestaron dinero y maquinaria a Sillerico y Correa para instalar un nuevo taller en Luis Viale, que quedó a su cargo. Habilitado en 2001 para cinco máquinas, allí trabajaban 64 personas y nunca había recibido una inspección, aunque los trabajadores señalan haber presenciado visitas policiales que implicaban el pago de coimas en efectivo y con prendas de vestir. Los peritos confirmaron la precariedad de la instalacióneléctrica y su sobrecarga, debido a la gran cantidad de máquinas y su utilización continuada durante varias horas al día. De hecho, la jornada diaria de trabajo se extendía por 14 horas de lunes a viernes y entre 5 y 6 horas los sábados. El pago era de 200 pesos semanales, mientras que el equivalente de convenio, también insuficiente, era de 600 pesos. Sin embargo, al momento del incendio se habían cumplido cinco meses sin cobrar.
Si bien el caso de Luis Viale logró trascendencia pública, la situación descripta es generalizada, y el Estado se ha desentendido de todo tipo de control:el 80% de la ropa que se produce en Argentina se realiza de forma ilegal. Para 2014, el Registro de Trabajo a Domicilio del GCBA solo registró 196 talleristas habilitados, 2 intermediarios y 54 obreros, cuando organizaciones como La Alameda denuncian la existencia de miles de talleres y obreros en estas condiciones. Por su parte, el Estado Nacional tampoco ha hecho demasiado. Basta con señalar la existencia de al menos 46 mil puestos ilegales en el país, de los cuales un 80% se dedican a la venta de indumentaria.
¿Por qué este esquema parece repetirse con el correr del tiempo? La industria de confección argentina es una rama que presenta un mayor atraso en relación con el resto de la economía por su baja mecanización. Esto implica que utiliza más trabajo humano que otras. De allí que, para poder garantizar su ganancia, los empresarios de la actividad deben recurrir a la degradación de las condiciones de trabajo a partir de una explotación intensiva de los trabajadores. Si el Estado vigilase adecuadamente esta situación, la continuidad del grueso de la actividad sería insostenible. La corrupción policial, la inacción gubernamental, el vaciamiento de oficinas de inspección del trabajo a domicilio y el accionar judicial garantizan este funcionamiento. Lo sucedido en el taller de Luis Viale es la regla, no la excepción. Por eso, no se trata simplemente de una falta a la moral individual o violación de la ley.La muerte de los costureros constituye un crimen social porque es consecuencia de la forma en que funciona la producción en esta rama, no de una excepción. Por tanto, el conjunto de los empresarios de la industria, bajo el amparo estatal, atentan cotidianamente contra la vida de los trabajadores con el objetivo de garantizar e incrementar sus ganancias. Con este fallo, que no avanza sobre los empresarios responsables de estas muertes, la justicia y el Estado muestran su complicidad con esta situación, hasta tal punto que incluso violan abiertamente la Ley de trabajo a domicilio, que prevé la responsabilidad solidaria de empresarios, talleristas e intermediarios.
Así, avalan en los hechos que la actividad funcione de esta manera y que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores.(*) Socióloga, becaria doctoral de CONICET y miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS).