Facundo Di Filippo, ex legislador porteño, denunció penalmente a Edgardo Cenzón, Ministro de Ambiente y Espacio Público, y al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri por implementar los contratos de recolección de residuos sin cumplir con los pasos legales de rigor. Según el demandante, el Ejecutivo porteño incumplió lo establecido en artículo el Artículo 104 inciso 23 de la Constitución de Buenos Aires que establece que toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura, al aprobar la Resolución N° 1262/13 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó la Licitación Pública y adjudicando la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos a a las siguientes empresas: La Zona 1 a AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A. por un monto de $ 5.016.631.750,01. La Zona 2 a CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. por un monto de $ 5.292.673.250,40. La Zona 3 a INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. por un monto de $5.882.612.299,86. La Zona 4 a ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. por un monto de $ 3.413.901.000. La Zona 6 a ASHIRA S.A. – MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E. por un monto de $4.078.654.000. La Zona 7 a TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – URBASER ARGENTINA SA- U.T.E. por un monto de $ 4.484.266.000.
El monto total de la contratación asciende a la cifra $ 28.168.738.300,27. Siendo esta es la licitación en la de mayor envergadura de la Ciudad, el Poder Ejecutivo debió remitir a la Legislatura porteña la Licitación Pública y los contratos firmados en su consecuencia por las empresas adjudicatarias para que esta preste acuerdo. Esto a fin de que los ediles controlen que los términos de la licitación y los contratos respeten los mandatos de la ley de basura cero y que los costos que pagará la Ciudad sean los adecuados.
La Justicia se pronunció sobre la acción presentada por Di Filippo junto al legislador Pablo Bergel, del Bloque Verde Alameda y patrocinada por el abogado Jonatan Baldiviezo, señalando que la licitación y los contratos deben remitirse a la Legislatura en forma previa a su vigencia: “El solo hecho de que el Legislador ha dispuesto que corresponde su acuerdo respecto del contrato implica una actividad previa del Ejecutivo cuyo resultado –el contrato- es el que debe someterse al acuerdo y no las etapas previas propias del procedimiento de licitación, las cuales como ha sucedido en el presente caso, tienen una instancia de participación ciudadana a través de audiencias públicas”, señala la sentencia
También expresa que “está claro que al ser contratos en esta materia superiores a ochos años, por virtud del dispositivo constitucional antes referido, corresponde únicamente el acuerdo legislativo con relación al contrato (…)».
Hasta el día de la fecha los funcionarios denunciados no remitieron la licitación pública ni los contratos firmados con las empresas a la Legislatura y empezaron a ejecutarlos sin el debido acuerdo legislativo.
Al respecto Facundo Di Filippo señaló: «La licitación de basura ha llevado consigo graves acusaciones de precios desorbitantes para las empresas, el no cumplimiento de la ley de basura cero y serias discriminaciones hacia los habitantes de las villas de la Ciudad. Estos son los temas que el macrismo no quiere que sean democráticamente discutidos en la Legislatura. Ha puesto en marcha los contratos sin la autorización previa del Poder Legislativo tal como establece la Constitución, es decir, incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos».