Vecinos del Barrio de Colegiales, con la colaboración técnica del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciaron penalmente al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), Juan Carlos Villalonga, por rehusarse a clausurar la construcción de una nueva sede del Mercado Central en el Barrio.
El propio organismo ha reconocido que los trabajos constructivos de dicha obra [1] se iniciaron sin ni siquiera iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental. El APrA clausuró preventivamente la obra por dos días pero luego decidió levantarla empleando argumentaciones legales que no tienen ningún sustento legal.
La Evaluación de Impacto Ambiental y la entrega, en consecuencia, del Certificado de Aptitud Ambiental debe ser en forma previa al otorgamiento del certificado de uso conforme y al inicio de las obras. En la Ciudad de Buenos Aires el Certificado de Uso Conforme se solicita en forma previa al registro de Planos.
Respecto a la obra de la sede del Mercado Central en Colegiales ya se ha otorgado el Certificado de Uso Conforme, se ha registrado los planos y las obras han sido iniciadas pero el Presidente del APrA ha decidido no cumplir con su obligación[2] de clausurar la obra por carecer de Certificado de Aptitud Ambiental, incumpliendo a sabiendas y en forma ostensible sus obligaciones como Autoridad de Aplicación de la ley N° 123.
Esta conducta inexplicable del Presidente del APrA es reiterada en su gestión. Las obras del Metrobus Norte como la del Metrobus San Martín están en plena ejecución sin contar con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. Varios shoppings de la Ciudad están en funcionamiento sin cumplir con este requisito.
También se demandó al Sr. Antonio Ledesma, Director de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), y a los funcionarios de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro responsables por autorizar y registrar los planos de una obra en un Distrito en el cual el Código de Planeamiento de la Ciudad no permite la instalación de una sede del Mercado Central.
Todos los funcionarios fueron denunciados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del C.P. La denuncia penal recayó en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13 y tramita por el Expte. N° 70.675/14.
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[1] Las obras se están realizando en un terreno desafectado del uso ferroviario ubicado entre las calles Jorge Newbery, Olleros y Cramer (Cramer N° 475) de aproximadamente 3000 m2.
[2] De acuerdo al art. 38 de la ley N° 123, los proyectos o ampliaciones que se inicien sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental deben ser suspendidas o clausuradas de inmediato.