LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y EL DEPORTE SOCIAL
El pasado viernes 14 de septiembre, por iniciativa de la legisladora porteña Claudia Neira y organizaciones barriales, se llevó a cabo un nuevo encuentro para seguir trabajando en los proyectos sobre deporte social en la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez la cita fue en la escuela Nº12 del Bajo Flores, oportunidad en la cual, la discusión giró en torno a la organización territorial, el deporte social y la reflexión sobre sus múltiples articulaciones. Participaron de este encuentro, alrededor de treinta personas, entre los que se encontraban miembros de organizaciones sociales, asociaciones civiles, clubes de barrio, vecinos y vecinas, y trabajadores y trabajadoras de distintos programas del Estado de la Ciudad.
La reunión se centró en dos ejes: gestión asociada y territorio, deporte social y organización popular. El primero, destacaba la discusión sobre el papel que juegan los clubes de barrio en la promoción del deporte como un derecho; de qué manera se hace presente el Estado en el barrio y qué rol cumple en relación a la niñez y juventud; cuál es la naturaleza de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales y qué tipo de participación tienen estas mismas en el diseño de la política pública. Por su parte, el segundo eje hacía hincapié en el rol de los referentes sociales o de los clubes barriales; en la relación existente entre los referentes y los profesores de educación física y en la posibilidad de combinar ambos saberes, por último, en cómo se logra involucrar a la comunidad para que participe y qué función cumple el espacio público para el desarrollo de las actividades comunitarias.
El rol que las organizaciones sociales tienen en el territorio, muchas veces reconstruye distintas herramientas que suplantan aquellas que desde el Estado están ausentes. De esta forma, existen dos maneras en que el Estado se relaciona con las organizaciones sociales: por un lado, a través del planteo de un diálogo productivo, en el que se valoriza el trabajo realizado por la organización y se la involucra en el planteo y desarrollo de la política pública; y por el otro, mediante la desvirtuarción de los instrumentos de los que tiene que hacerse cargo el Estado, poniéndolos en manos de la organización sin un criterio concreto.
En este sentido, un primer tema de discusión se relacionó con la responsabilidad del Estado como garante de derechos, entre los que se encuentra el derecho al deporte. Hubo un amplio acuerdo en marcar que, en muchos casos, el Estado no se hace cargo de sus responsabilidades, quedando éstas en manos de las organizaciones territoriales, que terminan haciéndose cargo de situaciones, problemáticas y recursos que son propias de las instituciones estatales.
En este marco, existe una clara diferencia entre los programas recientemente creados y aquellos que son históricos en las estructuras del Estado de la Ciudad. La actual gestión ha avanzado en institucionalizar un esquema a través del cual se transfiere dinero a «organizaciones de la sociedad civil» responsabilizándolas así de la promoción de derechos. De esta forma, el Estado traslada recursos a las organizaciones sin distinguir de qué tipo de organización se trata, asumiendo el rol de fiscalizadore de partidas pero no de aquello que las instituciones hacen, es decir, qué contenidos tiene esa práctica.
Se destacaron al respecto dos cuestiones; en primer lugar, lo indiscriminado de la denominación de «organización de la sociedad civil» a toda organización no-estatal, de modo que quedan confundidas auténticas organizaciones de base territorial con fundaciones u ONGs que son mera figura de tercerización de la política pública. En segundo lugar, la ausencia de acompañamiento o control de la gestión por parte del Estado, de modo que se desentiende de su tarea. Se configura así un esquema algo perverso, donde el Estado terceriza sus responsabilidades a partir de la emisión de partidas presupuestarias a organizaciones de la sociedad civil -que a menudo cuentan con escaso anclaje territorial-, apropiándose de sus logros y desentendiéndose de sus fracasos.
Esta última cuestión se hace visible en barrios como el Bajo Flores, en donde las organizaciones se terminan haciendo cargo de las ausencias del Estado. Muchas veces sucede que si la solución que encontraron las organizaciones tuvo un saldo positivo, el Estado convierte la actividad en un programa más, lo cual implica un límite. Ese límite es la política misma, sobre todo cuando la organización no comulga con las ideas de la gestión. La mayoría de la veces, la experiencia de aquellos que viven en el barrio no es tenida en cuenta para el diseño de la política pública.
Por este motivo, se llegó a la conclusión de que es necesario que todo proyecto de ley o de política pública se encare desde la perspectiva de un trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales, en el que estas mismas aporten su saber y el Estado estatalidad, y donde su participación quede estipulada previamente en el proyecto, de modo que se explicite su rol en los programas así como la naturaleza de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales, evitando de esta forma cualquier tipo de presión que se ejerza desde el Estado hacia las organizaciones.
Entre las principales problemáticas que surgieron, se evidenciaron, por un lado, la necesidad de las organizaciones de articular con el Estado para poder garantizar recursos genuinos que sostengan en el tiempo sus actividades. Y, por otro, el temor latente de que el Estado, por brindar dichos recursos, destruya la identidad del barrio y de la organización, imponiendo banderas ajenas, como a menudo ocurre. En ese sentido, se evidenció la necesidad que este aspecto esté reglamentado, impidiendo presiones por parte del Ejecutivo a la organización social y a los trabajadores y trabajadoras. En la misma línea, se planteó también la necesidad de participar en la política no sólo para implementarla, sino también para diseñarla y evaluarla.
El barrio Bajo Flores tiene más de 50 años de historia, y en esos años jamás se había construido vecinalmente un club de barrio. Frente a la intensificación de la conflictividad social, los vecinos y vecinas se unieron para sacar a los chicos de la calle y poder brindarles una niñez distinta y feliz, en contraposición a la política de presencia de fuerzas de seguridad en el territorio. En esta construcción el Estado no estuvo presente y fue la organización la que se termina haciendo cargo de cualquier problema que surja.
Por último, se trató la articulación de los profesores con el club. Se mencionó que «lamentablemente» se necesitaba a los profesores de educación física; ese «lamentablemente» se desglosó colectivamente, entendiendo que en muchos casos viene dado porque los profesores llegan en conjunto con los recursos estatales, y a menudo no se comprometen con la labor territorial. En oposición a ello, se remarcó el saber que tienen los profes, que es sumamente valioso y necesario, y se abrió el debate sobre cómo generar el compromiso con el proyecto del club u organización territorial.