La caída drástica de $Libra refleja el deterioro de la imagen pública de Milei, que se desmorona al mismo ritmo. Este fenómeno no ha impactado únicamente a los inversores que creyeron en la promesa de la criptomoneda, sino que también ha comprometido gravemente la confianza en la estabilidad y credibilidad del gobierno.
Ante las recientes revelaciones sobre la implicación del presidente Javier Milei en una estafa relacionada con criptomonedas, el Frente de Izquierda ha exigido su juicio político. Gabriel Solano, diputado por la Ciudad, destacó que hubo múltiples advertencias sobre la criptomoneda $Libra, a la que varios expertos calificaron como una estafa, la cual culminó en un colapso que dejó numerosos afectados. El legislador asegura que «Milei había respaldado previamente otras iniciativas especulativas, como CoinX, cuyo fundador está vinculado a delitos graves».
Asimismo, se reveló que Milei había tenido reuniones cuestionables con figuras de la industria, usando su influencia presidencial para promover esquemas delictivos. Vanina Biasi, diputada nacional del PO en el FIT-U, añadió que esta situación es un reflejo del actuar corrupto del Gobierno, que viene ejerciendo diversas maniobras ilegales y represivas contra la población.
Ambos dirigentes sostienen que es fundamental sancionar a Milei por no adherir a las normativas de la Comisión Nacional de Valores, solicitando así un juicio político por la utilización de su cargo para promover intereses personales a expensas del bienestar de la mayoría de la población.
El pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei es también apoyado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, declaró: “La conducta desplegada por el presidente Milei y varios de sus funcionarios se encuentra contemplada en el Código Penal». Y advierte que «podríamos estar frente a uno de los actos de corrupción más grandes de la historia». Al igual que los legisladores de izquierda, el dirigente gremial conecta estos hechos con una falta de ética y responsabilidad por parte de los líderes que han sido investidos con el poder del Estado. “Después de la estafa presidencial, la guillotina tiene que aplicarse sobre los de Casa Rosada”, sentencia.
La acusación central se basa en la utilización de la investidura presidencial para enriquecer a un círculo cerrado de allegados. “Se utilizó la investidura presidencial para estafar y defraudar a miles de personas a favor del entorno del presidente”, asevera Aguiar. Esta declaración resuena con fuerza en el contexto actual, donde la ciudadanía exige transparencia y justicia. El tráfico de influencias, un fenómeno que ha corroído el sistema político argentino durante décadas, parece haber tomado un nuevo impulso bajo la presidencia de Milei, según ATE.
La indignación no se limita a los actos aislados de corrupción, sino que se extiende a la postura del Congreso. Aguiar enfatizó: “Los estatales esperamos que el Congreso no siga garantizando impunidad. Quienes le otorgaron superpoderes a este hombre también tienen responsabilidad”. Esta crítica invita a la reflexión sobre la complicidad de los demás actores políticos en un sistema diseñado para servir a los intereses de unos pocos en detrimento del bienestar común.
La transparencia y la responsabilidad son principios que han sido sacrificados en el altar de la ambición personal y del poder desmedido. La doble moral de Milei y sus funcionarios se ha convertido en un punto de crítica constante. En este sentido, Aguiar sostiene que “desde ATE exigimos que también le tomen examen de idoneidad al presidente y a todo el gabinete”. La referencia al examen Sturzenegger, que evalúa la comprensión de la Ley de Ética Pública entre los empleados estatales, es particularmente significativa. “Está claro que el presidente no lo hubiese aprobado. Si rindiera, el ministro al que adulan, el Coloso debiera echarlo ya”, añadió, enfatizando la contradicción inherente en las exigencias que el gobierno impone a los trabajadores públicos.
ATE y demás actores políticos y sociales exigen un cambio estructural en la manera en que se manejan los asuntos públicos en Argentina. La secuencia de eventos que lleva a este posible juicio político no es mero un tema de oportunismo político, sino que representa la lucha más amplia por la ética y la justicia en la administración pública. La posibilidad de un juicio político podría convertirse en un punto de inflexión, no solo para Milei, sino para una nación que busca recuperar su camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas.