El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó un pedido de información a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Social, de Espacio Público, Salud y a la Secretaría de Hábitat e Inclusión a raíz de un fallecimiento en el Barrio Rodrigo Bueno. El 8 de marzo un adolescente de 13 años llamado Gastón murió al caer en un pozo ciego en la manzana 2 del barrio cercano a la Costanera Sur de la Ciudad. La urbanización de este barrio solicitada por los vecinos es una materia pendiente desde hace años. El Estado porteño es responsable por las muertes evitables que allí suceden por falta de infraestructura y garantías mínimas de vivienda.
El ODH solicita que se informe:
– La normativa sobre el acceso al sistema de cloacas en el Barrio Rodrigo Bueno y el estado del sistema de cloacas en ese barrio.
Hasta tanto se termine el proceso judicial que frena la urbanización, el ODH solicita que se informe:
– Las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna y al espacio público seguro de las personas que habitan en el barrio Rodrigo Bueno.
– Las medidas adoptadas para garantizar la vida de las personas que habitan el barrio.
– Las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los servicios públicos (agua, luz, cloacas, otros) de las personas que habitan el barrio Rodrigo Bueno.
– Las medidas concretas que tomó el Gobierno de la CABA y particularmente el Ministerio de Salud, para garantizar la asistencia en emergencias para las personas que habitan los barrios vulnerables de la Ciudad, y de esta manera proteger la vida y el bien jurídico salud el que debe ser protegido en la mayor medida posible.
Este pedido se basa en el art. 1º de la ley 104. La información solicitada debe ser proporcionada en un plazo no mayor a 10 días. Ante el incumplimiento de este plazo queda habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad. El ODH solicita esta información para procesarla, analizarla y evaluar los pasos a seguir.
La Jueza Elena Liberatori dictó un fallo que ordenaba a la Ciudad a «adoptar las medidas necesarias para la integración urbanística y social» del barrio. El gobierno porteño apeló este fallo y en octubre del año pasado la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revocó la resolución. La Defensoría General realizó una nueva apelación, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, que tiene actualmente a su cargo la resolución definitiva.
Una vez más, la inacción del Gobierno de la Ciudad frente a la grave situación de las villas provoca muertes evitables. La urbanización del Barrio Rodrigo Bueno es una obligación del Poder Ejecutivo de la Ciudad que con distintos mecanismos burocráticos sigue postergando.