por Lucía Pereyra
El miércoles 19 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires amaneció bajo un fuerte despliegue policial que, a simple vista, evocaba las tensiones de los años de plomo en nuestro país. En su afán de poner en práctica el protocolo de seguridad, la ministra Patricia Bullrich movilizó a 2.500 efectivos de las fuerzas federales, gendarmería y prefectura. Como en una distopía orwelliana, desde la madrugada, un manto de terror y vigilancia se extendía como una sombra sobre las principales estaciones de ferrocarril del área metropolitana. Desde los altoparlantes sonaba en una voz femenina, metálica y repetitiva, que lanzaba un mensaje de intimidación: “Protestar no es violencia. La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República”. Este mismo mensaje, que se repetía en las pantallas digitales en letras mayúsculas blancas sobre fondo azul y debajo de un signo de alerta, más que advertencia, parecía un intento de controlar la narrativa de una jornada signada por el bochorno, pero también por la resistencia. Extramuros, cientos de uniformados revisaban con esmero mochilas y bolsos, exigiendo documentos a todos aquellos que intentaban ingresar a la Ciudad. Esta escenificación de un Estado de Sitio se reforzaba por la presencia de efectivos en las paradas de ómnibus provenientes del conurbano, quienes llevaban a cabo un control exhaustivo de los viajeros.
El centro de la Ciudad se restringió a mero espacio de observación. Los alrededores del Congreso de la Nación fueron vallados desde la madrugada, limitando no solo el tránsito vehicular, sino también el movimiento peatonal. Los transeúntes habituales encontraban su camino interrumpido y eran obligados a mostrar credenciales o identificaciones para poder acceder a su lugar de trabajo u hogar. Esta escenografía de guerra se intensificó con la instalación de bloqueadores de drones y señales móviles, dando la sensación de que se apuntaba a un control absoluto de las comunicaciones. El cuadrilátero de exclusión, trazado en los alrededores del Congreso nacional, parecía la arena de un circo romano, con las fuerzas de seguridad agazapadas cual fieras hambrientas a la espera de la orden para devorar a esa humanidad que, pese a bloqueos, amenazas, discursos de odio, intimidaciones, pobló la zona horas después.
Después, es a las cinco de la tarde, cuando la Cámara de Diputados ya había aprobado con los votos del oficialismo, macrismo y un bloque que se dice federal, el DNU 179/2025 que le permite al presidente Milei y su ministro Luis Caputo tomar deuda externa sin control ni límites. Después de que decenas de infiltrados se habían distribuido en la zona. Después de la poco ortodoxa cumbre celebrada un día antes en la Casa Rosada, precisamente en el despacho del asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo, donde la ministra Bullrich, los números uno y dos de la SIDE (Sergio Neiffert y Diego Kravetz), junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, diseñaron el costoso operativo de seguridad que prácticamente blindó la ciudad este miércoles de terror. Y también miércoles de jubilados y jubiladas que, pese a la bochornosa sesión parlamentaria y al terror implantado, se convirtió en una multitudinaria manifestación de apoyo que, al no intervenir las fuerzas de seguridad, se desarrolló en forma pacífica, bajo las consignas “Fuera Milei”, “Patricia Bullrich asesina” y “Que se vayan todos”. La atmósfera de terror se fue disolviendo al calor de los cuerpos, en la seguridad de ser «en la calle codo a codo mucho más que dos», danzando en medio de esta extraña coreografía de represión y protesta y demostrando que los mecanismos de control no pueden silenciar el espíritu de lucha.