«El presupuesto en salud mental sigue a la baja: una vez más, se incumple la pauta del 10% que fija la ley», sentencia el informe de la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ), publicado el 10 de octubre, en conmemoración del Dia Mundial de la Salud Mental. Donde indica que la salud mental en Argentina enfrenta desafíos significativos en términos de financiamiento y priorización presupuestaria. A lo largo del año 2024, la inversión en políticas de salud mental ha experimentado una preocupante disminución, reflejando una tendencia descendente que pone en riesgo la capacidad del sistema para satisfacer las crecientes demandas y necesidades de la población.
Por otra parte, a pesar de la legislación vigente que establece que al menos el 10% de los recursos destinados a salud deben dirigirse a salud mental (artículo 32 de la ley 26.657), las proyecciones indican que la inversión efectiva para fines de 2024 será tan solo del 1,82%. Este panorama se agrava con la propuesta presupuestaria presentada por el Poder Ejecutivo, que sugiere una reducción adicional, situando la inversión proyectada para 2025 en un preocupante 1,60%.
Esta situación plantea serios interrogantes sobre la capacidad del sistema de salud para proporcionar servicios adecuados y accesibles a quienes más los necesitan, comprometiendo el bienestar y la calidad de vida de millones de argentinos que dependen de estos servicios.
La ley 26.657 en 2010, establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental. Lo cierto es que, si bien esperaba un cambio significativo en la inversión y enfoque hacia estas áreas críticas, ninguna gestión de gobierno cumplió con esta proyección. Al punto que en la actualidad esta realidad es aún más desalentadora.
No se trata solo de cuánto se invierte, sino también de cómo se distribuyen esos fondos. La salud mental demanda un enfoque integral que incluya medidas preventivas efectivas, acceso garantizado a la atención en centros de salud y hospitales generales, y el fortalecimiento de redes comunitarias como viviendas con apoyo y cooperativas de trabajo. Estos recursos son esenciales para apoyar los procesos de externación y asegurar una transición segura y exitosa de los pacientes.
Los efectos de la subinversión en salud mental no se limitan al ámbito sanitario; tienen repercusiones profundas en la sociedad en su conjunto. La falta de recursos adecuados conduce a una mayor carga para las familias, un aumento en las tasas de discapacidad y desempleo, y un deterioro generalizado en la calidad de vida de quienes sufren enfermedades mentales. Económicamente hablando, invertir en salud mental no solo reduce costos a largo plazo en el sistema de salud, sino que también impulsa la productividad y el bienestar general de la población.
Ante esta realidad preocupante, es imperativo que el Congreso nacional actúe con urgencia y responsabilidad. Es necesario garantizar una asignación presupuestaria suficiente y adecuada para salud mental, cumpliendo con la legislación establecida hace más de una década. La sociedad civil, los profesionales de la salud y las organizaciones de derechos humanos deben unirse para exigir que se priorice esta área vital y se pongan fin a años de negligencia presupuestaria.
En conclusión, el presupuesto en salud mental en Argentina enfrenta una crisis grave que requiere atención inmediata y soluciones concretas. No podemos permitirnos ignorar más tiempo las necesidades de millones de argentinos que dependen de servicios de salud mental efectivos y accesibles. Es hora de que el gobierno demuestre su compromiso real con la salud mental, no solo en palabras, sino también en acciones concretas y financiamiento adecuado. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y saludable para todos.