Urgente llamado a la acción
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos enfrentamos a una realidad alarmante en Argentina: una persona es asesinada cada 29 horas debido a la violencia machista. Esta estadística desgarradora no sólo cobra vidas, sino que deja a niños y niñas en situación de vulnerabilidad extrema al quedar huérfanos de manera violenta.
Según datos del Registro Nacional del Observatorio Mumalá entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2024 se registraron en nuestro país un total de 212 femicidios, femicidios vinculados, trans/travesticidios, lesbicidios, feminicidios por narcotráfico/crimen organizado, suicidios feminicidas y otras muertes violentas. Este informe detalla las formas más extremas de violencia de género compiladas a través de un análisis exhaustivo de la información vertida por medios digitales y gráficos, buscadores, sistemas de alerta y el seguimiento de organizaciones especializadas en género, feminismo, derechos humanos y criminología, según términos de criterios feministas pioneros, en base a lo dictaminado en la Ley Nº 26.485 (de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), como así mismo en el Código Penal y en los estándares internacionales.
En este sentido, en el documento se destacan los trans-travesticidios y lesbicidios para visibilizar violencias específicas. Mientras que los feminicidios por narcotráfico reflejan un fenómeno creciente de homicidios vinculados a actividades criminales y relaciones familiares. En tanto que los suicidios feminicidas muestran la repercusión de la violencia de género sistemática.
Vale destacar que la mayoría de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Para evitar estas tragedias, es crucial que las personas que sufren violencia de género puedan acceder a recursos que les permitan salir de este ciclo de abuso. Es aquí donde se requiere el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios a nivel local, así como el apoyo continuo de organizaciones y redes sociales que desempeñan un papel fundamental en la prevención y acompañamiento de las víctimas.
El informe señala, también, que entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2024, se produjeron 17 feminicidios vinculados al narcotráfico y/o al crimen organizado, cifra que representa el 9% de los femicidios registrados. En todos los casos, la modalidad del feminicidio fue por arma de fuego, y los agresores están identificados como sicarios o bandas narco mafiosas. En el mismo curso de tiempo se detectaron 6 suicidios feminicidas. Registrándose, como posible inductor del suicidio, antecedentes y relatos de familiares/conocidxs/amiguxs, de violencia de género padecida por la víctima. También hubo, en lo que va del año, 497 intentos de femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios, es decir 2,5 intentos de femicidios por cada femicidio concretado.
Ante este alarmante panorama, el Observatorio Mumulá ha cursado una petición al Gobierno que declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género y destine un presupuesto acorde a la urgencia del problema. Para lo cual se presentó un proyecto de ley, respaldado por más de 100 mil firmas, con el objetivo de que se implementen de forma efectiva políticas públicas que no sólo prevengan, sino que promuevan la erradicación de cualquier forma de violencia de género.
Es fundamental que el Estado concentre sus esfuerzos en prevenir y combatir estas violencias que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas. Muchas de estas víctimas no tienen ingresos propios que les proporcionen autonomía económica para escapar del abuso. Es por eso que se exige que se les preste asistencia económica y asesoramiento jurídico gratuito para garantizar que puedan acceder a la ayuda que necesitan.
En el mismo sentido, proponen la implementación de un registro único de denuncias contra agresores, así como el uso de dispositivos electrónicos duales para monitorear a los agresores y garantizar la seguridad de las víctimas. Como también el establecimiento de protocolos claros de actuación y políticas de desarme dentro de las fuerzas de seguridad para aquellos agentes con denuncias por violencia de género.
Por último, señalan que, para prevenir la violencia de género a largo plazo, es fundamental educar desde temprana edad. Es urgente la implementación de la Ley Micaela en todo el país, garantizando así la capacitación obligatoria en género y violencia para todos los funcionarios públicos. Además, promovemos la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos como una herramienta esencial para derribar los pilares culturales que perpetúan la violencia machista.
En conclusión, la Emergencia Nacional contra la Violencia de Género en Argentina requiere una respuesta integral y urgente. Desde fortalecer la protección de las víctimas hasta cambiar las estructuras culturales que perpetúan la violencia machista, todos y todas tenemos un papel que desempeñar.