Con el argumento que las empresas recuperadas por sus trabajadores no han logrado preservar e incrementar las fuentes de trabajo, el Jefe de Gobierno porteño, presentó dos proyectos de ley para dejar sin efecto expropiaciones en favor de estas coopertativas. El mecanismo consiste en derogar lo establecido en las Leyes 1529 y 2970 de expropiación de los inmuebles de estas empresas, y mudarlas a un predio ubicado en Villa Soldati.
Las cooperativas Mac Body, Vieytes y La Nueva Esperanza, encabezan la lista. También peligra el destino de empresas emblemáticas como: Chilavert Artes Gráficas, La Nueva Esperanza, Diógenes Taborda, Viniplast, 18 de diciembre, Gráfica Patricios, La Argentina, Fénix Salud, Maderera Córdoba, Lácteos Montecastro, Artes Gráficas El Sol, Rabbione Su Transporte, Standard Motor Argentina.
«A partir del año 2002 en adelante, varias empresas, debido a la coyuntura económica del momento, cayeron en procesos de quiebra, por lo que el Estado local decidió ayudar a los empleados existentes, nucleados en cooperativas, a fin de proteger sus puestos laborales y paliar de alguna manera la grave situación existente», señala Rodríguez Larreta en los fundamentos de la primera de estas iniciativas.
«Diversas leyes y luego la gran ley marco 1529 autorizaron la ocupación temporaria y luego expropiación de los bienes inmuebles y muebles en que dichas empresas se desempeñaban», continua diciendo para, inmediatamente, señalar que las empresas recuperadas «Trabajadores de Mac Body Ltda.», Cooperativa de Trabajo Cooperpel Envases Industriales Limitada, Cooperativa de Trabajo «La Nueva Esperanza Limitada» y Cooperativa de Trabajo Vieytes Limitada, «no han cumplido con el presupuesto de esta ley», de conservar e incrementar las fuentes de trabajo y las acusa de haber reducido la planta de personal. «En el contexto reseñado -sigue argumentado Larreta- no resulta acorde a los objetivos y metas del GCABA afrontar el pago de monto alguno frente a la escasa o casi nula magnitud actual de las Cooperativas, el claro incumplimiento de las
condiciones legales».
Tras lo cual desestima la expropiacion de los inmuebles donde se desempeñan estas empresas, dado que «las mismas no se encuentran perfeccionadas».
Por último, señala que «los escasos puestos de trabajo remanentes en las cooperativas no serán dejados a su suerte, sino que, por otra ley a dictarse, se velará por la conservación de su puesto de trabajo, en condiciones más propicias tanto para ellos como para la Ciudad de Buenos Aires».
La segunda normaiva propone entonces el traslado de estas empresas a Villa Soldati, donde se les concederá un permiso de uso precario «con el fin exclusivo de ser destinados a continuar con el desarrollo de la actividad económica realizada por las cooperativas a través de la explotación de sus unidades productivas orientadas a la consecución de fines solidarios y autogestionarios, obligándose a ocupar en las tareas a sus propios miembros, pudiéndose revocar los permisos en caso de incumplimiento».
De aprobarse estas normativas, las empresas recuperadas quedarán expuestas al arbitrio del Gobierno porteño. Será éste el que considere si han perfeccionado o sus obligaciones laborales y tendrá potestad para denegar la expropiación de los inmuebles. También, penderán de un hilo las expropiaciones logradas por otras cooperativas de trabajadores.
Voceros de las empresas recuperadas argumentan que el proyecto, del Ejecutivo porteño, no tiene en cuenta la crítica situación económica del país, que incluye caída del consumo, aumentos de tarifas y apertura de importaciones. Tres factores que provocaron una caída generalizada de las ventas, al tiempo que los costos de producción se incrementaron ostensiblemente.
Según el último informe de Empresas Recuperadas, relevado por el Programa Facultad Abierta en octubre pasado, dentro de la Ciudad de Buenos Aires existen 71 empresas recuperadas. Se tata del 18% de las que hay a nivel nacional, donde 2167 trabajadores mantienen sus fuentes laborales.