Una mirada crítica a la gestión del Gobierno y la defensa del empleo público
En las últimas semanas, el debate sobre la evaluación del desempeño de los empleados públicos en Argentina ha vuelto a tomar protagonismo en la esfera política y social. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ha sido enfático en expresar su descontento con esta metodología implementada por el Gobierno nacional, poniendo énfasis en la necesidad de una revalorización del empleo público y cuestionando la eficacia de las estrategias empleadas por la actual administración.
Más allá de las controversias generadas con implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP), lo cierto es que la primera semana de su puesta en marcha, ATE informó que el 96,3% de los empleados aprobó estas evaluaciones. De un total de 4,156 trabajadores que se presentaron en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 4,002 lograron superar las pruebas, lo cual plantea interrogantes sobre los verdaderos objetivos de este sistema.
Desde la perspectiva de Aguiar, este resultado no sólo refleja la competencia de los empleados evaluados, sino que también podría interpretarse como un fracaso en la estrategia del Gobierno. “El Gobierno no logró su objetivo”, enfatizó el líder sindical, señalando que la intención de desacreditar y estigmatizar el trabajo en el sector público ha mostrado ser ineficaz.
Uno de los puntos centrales en la argumentación de ATE es la demanda de incorporación definitiva de los empleados que han aprobado las evaluaciones. Aguiar sostiene que la competencia demostrada por los trabajadores justifica su derecho a la estabilidad laboral, un principio constitucional que debería ser respetado por el Estado. “Se debe ejercer el derecho constitucional de estabilidad de los trabajadores”, afirmó, reiterando que los contratos deberían renovarse automáticamente por un mínimo de un año.
La defensa de la estabilidad laboral no es un tema menor. En tiempos de incertidumbre económica y desafíos constantes, la seguridad en el empleo se convierte en una prioridad para miles de trabajadores públicos que ven en sus puestos de trabajo una forma de sustento y un medio para contribuir al bienestar de la sociedad.
Aguiar también ha destacado la «ilegalidad» del sistema evaluativo instaurado por el Gobierno, enfatizando que la forma en que se está llevando a cabo podría ser motivo de preocupaciones sobre la transparencia y equidad del proceso. A través de sus declaraciones, se evidencia una crítica hacia un modelo que, según él, no solo subestima la capacidad de los trabajadores, sino que también podría tener implicaciones más amplias en la confianza y moral del empleo público.
ATE respondió a estos desafíos de manera proactiva. Desde el inicio de este proceso, han preparado a los trabajadores mediante la implementación de cursos y actividades de capacitación, apoyando a sus afiliados para que se presenten preparados a estas evaluaciones. Este esfuerzo habla de un compromiso con el desarrollo profesional, como también de una lucha activa por dignificar y reivindicar el rol del empleado público.
El reciente episodio de las evaluaciones a trabajadores del Estado pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el Gobierno y el sector público en Argentina. Si bien es necesario evaluar y asegurar un estándar de excelencia en la administración pública, también es crucial hacerlo de manera que se respete la dignidad y derechos de los trabajadores. La defensa de la estabilidad laboral y la búsqueda de un espacio de trabajo donde la meritocracia sea realmente valorada son aspectos fundamentales que deben ser garantizados.
En este sentido Aguiar, afirmó: “Los burros en el Estado no son los trabajadores, sino los funcionarios que asumieron el 10 de diciembre de 2023”, una declaración que resuena con la frustración de muchos frente a un sistema que parece priorizar la desconfianza y el desprestigio en lugar de fomentar un entorno de colaboración y respeto.
El futuro del empleo público en Argentina no dependerá únicamente de las decisiones políticas, sino también del compromiso colectivo de los trabajadores y los sindicatos para seguir luchando por sus derechos y dignidad en el centro de un sistema que, al final del día, tiene la responsabilidad de servir a todos los ciudadanos.