El informe titulado «Evolución de la pobreza durante el primer año de LLA», elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, dirigido por el economista Claudio Lozano, ofrece un análisis profundo sobre la situación de pobreza e indigencia en Argentina hasta el tercer trimestre de 2024. Aunque los datos revelan una reducción en los índices de pobreza, del pico alarmante del 54,9% en el primer trimestre a un 38,3% en el tercer trimestre de 2023, es fundamental contextualizar estos números para comprender la realidad socioeconómica del país.
La caída en la pobreza, que también se refleja en la reducción de la indigencia del 10% al 9,2%, podría dar la sensación de que los efectos negativos de las políticas del gobierno de Javier Milei se han revertido. Sin embargo, este regreso a niveles previos oculta retrocesos significativos para los sectores más vulnerables. La economía argentina, en un contexto de contracción del 2%, ha visto afectadas especialmente a las industrias que generan empleo y se orientan al mercado interno, como la construcción y el comercio.
Desde la demanda, se evidenció una caída considerable en la inversión y el consumo, con un descenso del 16,8% en la inversión y un 11% en las ventas de supermercados. Este contexto ha disparado el desempleo, cuyos efectos se reflejan en un mercado laboral más precario: la presión sobre el empleo ha aumentado y cerca de 800 mil personas más se encuentran en búsqueda de trabajo. Además, la Encuesta Permanente de Hogares reporta una significativa disminución en el empleo formal, mientras que el autoempleo va en aumento, lo que indica un retorno a formas de trabajo menos estables.
Los ingresos laborales también han sufrido el embate de las políticas económicas. A pesar de que la inflación mostró cierta desaceleración, los salarios del sector público han conocido una caída del 22%, y los salarios del sector privado formal presentan aún una pérdida del 5% respecto al año anterior. Las prestaciones sociales, a excepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), han sufrido recortes que, en promedio, rondan el 12%.
Si bien el informe muestra indicadores de cierta mejoría, es indispensable analizar la complejidad detrás de estos números. La evolución de la pobreza y la indigencia no solo refleja un retorno a niveles anteriores, sino que denuncia un entramado de desigualdades que perdura. La recuperación de algunos índices es insuficiente si no se acompañan de políticas efectivas que busquen un desarrollo inclusivo y sostenible, priorizando el bienestar de los sectores populares que continúan en la cuerda floja de la precariedad económica. Para abordar este tema, se desarrollarán dos puntos: 1) las características del proceso socioeconómico y 2) los aspectos metodológicos que afectan la pobreza.
La contracción económica ha tenido un impacto profundo en el mercado laboral argentino, evidenciado por el aumento del desempleo y el deterioro de las condiciones laborales para aquellos que lograron mantener sus empleos. La presión sobre el mercado laboral se intensificó, llevando la tasa de desempleo y subempleo del 20,9% al 24,9% de la población económicamente activa, sumando aproximadamente 800 mil nuevos demandantes de empleo en el último año. Al mismo tiempo, se ha observado un cambio en el perfil de las ocupaciones: la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indica una disminución de 358 mil asalariados formales, contrastando con un aumento significativo de 329 mil cuentapropistas. Aunque diversas fuentes, como el SIPA y la Cuenta Generación de Ingresos del INDEC, corroboran esta tendencia hacia el autoempleo, el panorama de ingresos laborales también refleja desigualdades; los salarios del sector privado formal comenzaron a recuperarse gradualmente, aún estando un 5% por debajo de los niveles del año anterior, mientras que los del sector público sufrieron una caída del 22%. En el ámbito de los ingresos no laborales, las prestaciones como jubilaciones y pensiones experimentaron recortes que oscilaron alrededor del 12%, a excepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que logró un aumento del 19,2%, contribuyendo a una leve disminución en la indigencia. No obstante, la Encuesta Permanente de Hogares enfrenta dificultades para medir ingresos de manera precisa en un contexto económico inestable, lo que podría distorsionar la medición de la pobreza en Argentina en 2024 y no reflejar adecuadamente el deterioro en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
El análisis de los ingresos revela un comportamiento desigual por deciles. Al ajustar por la Canasta Básica Total, todos los estratos presentan una mejora interanual, destacándose los deciles medios. Sin embargo, al considerar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se observan mejoras reales en los extremos, mientras los deciles medios ven una caída en su poder de compra. Esta diferencia es importante, ya que los “pobres menos pobres”, más propensos a salir de la pobreza, se ubican entre los deciles 4 y 6. A pesar de que la pobreza ha vuelto a niveles del tercer trimestre de 2023, la tendencia varía entre grupos. Los asalariados del sector público y los no registrados se empobrecieron en 3,2 y 2,4 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que el sector privado formal aumentó 1,5 p.p. En contraste, los ocupados no asalariados (cuenta propia y patrones) redujeron la pobreza en 1,8 p.p. y 3,1 p.p., respectivamente. Por otra parte, la Encuesta Permanente de Hogares enfrenta retos para medir ingresos en un contexto de precios fluctuantes. Algunos ingresos reportados se desfasan en relación con el valor de las canastas, sobre todo los no laborales. Además, la fragmentación del mercado laboral y la volatilidad económica afectan la calidad de las respuestas sobre ingresos. En síntesis, basarse únicamente en el indicador de pobreza no refleja adecuadamente el deterioro de las condiciones de vida en los sectores populares. La medición de la pobreza en Argentina en 2024 podría estar distorsionada por las limitaciones de los instrumentos empleados.
En contextos de un shock regresivo como el que atravesaron los sectores populares en los primeros meses de la gestión Milei, interesa lo ocurrido con las estrategias de subsistencia que desenvolvieron los hogares y el impacto en su situación patrimonial. Entre quienes son pobres, se incrementó sustancialmente la necesidad de gastar ahorros y también de endeudarse, a través de créditos formales e informales. Por su parte, la población no pobre debió utilizar en mayor medida sus ahorros familiares, afectando su patrimonio. De allí que, si bien hay hogares que pueden haber salido de la pobreza debido a que sus ingresos llegaron a superar el valor de la CBT, ante la fuerte pérdida sufrida en los primeros meses de 2024 debieron recurrir a otros recursos más allá de sus ingresos corrientes, mediante estrategias que pueden deteriorar su situación patrimonial. Por otra parte, incluso aunque sus ingresos les hayan permitido salir de la pobreza, no necesariamente recuperaron el nivel de consumo previo, generando la necesidad de gastar ahorros o endeudarse para su sostenimiento. Asimismo, el endeudamiento creciente puede sustraer porciones significativas de los ingresos al momento de devolver esos créditos, reduciendo el ingreso disponible y afectando la situación económica de los hogares, aspecto que no es contemplado en el indicador de pobreza.
Analizar la pobreza e indigencia por ingresos puede generar debates metodológicos, pero este documento se enfoca en la valoración de las canastas y el relevamiento de ingresos. La Canasta Básica Total (CBT) se basa en la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004-05, a pesar de que los hábitos de consumo han cambiado. La ENGHo 2017-18 revela una disminución en alimentos y bebidas, y un aumento en vivienda, servicios, transporte y comunicaciones, pero no se ha utilizado para actualizar la CBT ni el IPC en Argentina. El IPC de Buenos Aires ha actualizado su medición, lo que explica las diferencias con el índice del INDEC para el GBA. Ajustar la CBT según el IPC de Buenos Aires podría resultar en un aumento moderado de la pobreza (+1 p.p.). Este ejercicio muestra cómo los cambios en el criterio de valoración de las canastas pueden influir en los resultados.
Las medidas iniciales de Javier Milei y Luis Caputo provocaron una fuerte caída en la actividad económica, alcanzando su punto más bajo en abril de 2024 y comenzando a recuperarse después. No obstante, el promedio trimestral muestra que, en el tercer trimestre de 2024, la actividad económica estaba aún un 2% por debajo del mismo período en 2023. El desempeño fue desigual: solo la agropecuaria, minas y canteras, y hoteles y restaurantes crecieron significativamente, mientras que sectores como construcción, comercio, industria y servicios comunitarios retrocedieron.
La inversión cayó un 16,8%, el consumo público un 4% y el privado un 3,2%, aunque las exportaciones aumentaron un 20%. Hasta el tercer trimestre, estos componentes revertieron parcialmente sus tendencias negativas, pero siguieron por debajo del año anterior. El poder adquisitivo de los sectores populares impactó negativamente en el consumo privado, con una caída interanual del 11% en ventas de supermercados hacia el tercer trimestre.
Los datos del tercer trimestre de 2024, según la Encuesta Permanente de Hogares, indican una ligera disminución del empleo y un notable aumento del desempleo, que alcanzó el 6,9%. Sin embargo, la presión sobre el mercado laboral, que incluye tanto a los desempleados como a aquellos empleados que buscan mejores oportunidades, creció considerablemente, pasando del 20,9% al 24,9% de la población económicamente activa. En el último año, aproximadamente 800 mil personas más se han sumado a la búsqueda de empleo, con un incremento de 268 mil en el número de desempleados, pero el aumento más notable se observa en los trabajadores que ya están empleados y no les resulta suficiente, con 545 mil ocupados demandantes adicionales. La caída del empleo se ha concentrado mayormente en el segmento de asalariados formales, que perdió 358 mil ocupaciones, mientras que el autoempleo creció en 329 mil. Los sectores más afectados incluyen el público y aquellas ocupaciones de baja calificación, especialmente en industrias como el comercio y la administración pública. Aunque el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) también muestra una reducción en el número de trabajadores registrados, la creación de empleos no asalariados y la informalidad atenuaron parcialmente esta caída. Por otro lado, a pesar de la disminución del -0,3% en puestos de trabajo, el total de horas trabajadas experimentó un aumento del 1,3%, destacando un crecimiento mayor en el sector público y en el empleo informal.
Por otro lado, la evolución del poder de compra de los salarios ha estado marcada por diversos factores económicos en el último año. Tras un fuerte descenso ocasionado por las primeras medidas económicas de Milei-Caputo, la desaceleración de la inflación produjo que la caída del poder adquisitivo de los salarios se detuviera, aunque de manera desigual entre los distintos sectores. En el sector privado formal, los salarios empezaron a recuperarse gradualmente desde abril, aunque mantenían un 5% menos en comparación con el mismo período del año anterior. En contraste, los salarios del sector público experimentaron una disminución del 22% interanual, mientras que los asalariados informales también sufrieron una caída del 10,5%. A pesar de que los ingresos laborales son esenciales para la estabilidad económica de los hogares y son indicadores clave en la medición de la pobreza, es crucial analizar la evolución de las prestaciones sociales. Mientras que las jubilaciones y pensiones experimentaron un recorte del 12%, la Ayuda Universal por Hijo (AUH) y la prestación Alimentar se incrementaron en 19,2%, lo que contribuyó a la reducción de la indigencia del 10% al 9,2%. Esta serie de datos resalta la complejidad del panorama económico, donde las mejoras en ciertas prestaciones contrastan con la precariedad en otros sectores, evidenciando que no todos los grupos poblacionales han vivido la misma realidad frente a la pobreza y el empoderamiento económico.
En el análisis del período estudiado, se considera crucial analizar las estrategias de subsistencia adoptadas por los hogares, especialmente tras el shock económico que impactó a los sectores populares durante los primeros meses de la gestión de Milei. Los hogares en situación de pobreza han visto un aumento notable en la necesidad de utilizar sus ahorros y recurrir al endeudamiento, lo que implica un traslado de sus gastos hacia el futuro. Por otro lado, las familias no pobres también han tenido que recurrir más a sus ahorros, lo que afecta su patrimonio. Aunque algunos hogares pueden haber superado temporalmente el umbral de pobreza al mejorar sus ingresos, esto no garantiza un retorno a su nivel de consumo previo, lo que los lleva a buscar recursos adicionales. Además, el creciente endeudamiento puede absorber una parte significativa de los ingresos familiares, reduciendo el ingreso disponible y complicando la situación económica, un factor que a menudo no se considera en las evaluaciones de pobreza.
La medición de la pobreza enfrenta numerosos desafíos metodológicos, especialmente en el contexto actual. Una de las principales complicaciones radica en la variabilidad de los ingresos reales en función de la variable utilizada para deflactar, ya sea la Canasta Básica Total (CBT) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La CBT, que se calcula a partir del coeficiente de Engel basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-05, presenta limitaciones debido a su falta de actualización, considerando que los hábitos de consumo han cambiado significativamente desde entonces. Aunque los datos más recientes provienen de la ENGHo 2017-18, esta no ha sido implementada para actualizar la medición de la pobreza ni la del IPC. Por lo tanto, la estructura de ponderadores del IPC y de la CBT se basa en fondos cuyos costos y categorías han evolucionado a lo largo del tiempo, lo que podría no reflejar con corrección la realidad del poder adquisitivo de los hogares. La creciente proporción de gastos en servicios no alimentarios, debido a la liberalización de precios y la reducción de subsidios, acentúa esta problemática. Por lo tanto, si se emplearan las nuevas estructuras de ponderadores de la ENGHo 2017-18, la evaluación de la pobreza podría mostrar una tendencia más pronunciada, sugiriendo que la disminución de la pobreza reportada oficialmente podría estar sobreestimada en un contexto de caída del consumo.
Asimismo, a las limitaciones derivadas de la estructura de consumo utilizada para medir la evolución en el poder de compra, se suman las dificultades que puede presentar la Encuesta Permanente de Hogares para relevar los ingresos familiares en un contexto de elevada inflación y posterior desaceleración de precios. Ello se debe al rezago que se genera en algunas variables de ingresos que capta la EPH respecto a los precios con los cuales se contrastan. Sucede particularmente con el relevamiento de los ingresos no laborales, en cuyo caso se pregunta por lo cobrado en el mes anterior a la encuesta. Si bien no ocurre lo mismo en el caso de los ingresos laborales, respecto a los cuales se releva lo cobrado por lo trabajado en el mes de referencia (de cobro usualmente efectivizado en un período relativamente inmediato del mes subsiguiente), la fragmentación del mercado laboral puede generar dificultades para respetar adecuadamente estos criterios temporales (más sencillos de respetar en el segmento de asalariados/as formales), al tiempo que en contextos de fuerte aceleración inflacionaria la calidad de las respuestas puede verse deteriorada. En definitiva, la medición de la pobreza en un contexto como el que atravesó Argentina en el año 2024 puede verse sujeta a distorsiones debido a las limitaciones en los instrumentos utilizados para la medición.
En conclusión, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) enfrenta desafíos significativos para reflejar adecuadamente los ingresos familiares en un entorno de alta inflación y posterior desaceleración de precios. Uno de los principales problemas radica en el rezago en la captación de ingresos no laborales, ya que se pregunta por lo cobrado en el mes anterior a la encuesta, lo que puede distorsionar la comparación con los precios actuales. Aunque los ingresos laborales se reportan más oportunamente, la fragmentación del mercado laboral dificulta la aplicación de criterios temporales consistentes, especialmente fuera del ámbito de asalariados formales. Además, en periodos de alta inflación, la calidad de las respuestas puede verse comprometida, lo que introduce más distorsiones en la medición de la pobreza. Así, los métodos actuales pueden resultar insuficientes para proporcionar una imagen fiel de la realidad económica en contextos complejos como el de Argentina en 2024.