La justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe sobre la situación de los paradores para personas en situación de calle frente a la pandemia de coronavirus.
En el marco del amparo iniciado por la titular INAES, Victoria Donda Pérez, el juez Guillermo Scheibler, exige al Gobierno de la Ciudad que «en el plazo de cinco días informe:
A. Si existe un protocolo específico para el funcionamiento y organización de los dispositivos de la red de alojamientos de la Ciudad. (…) Caso contrario, arbitre los medios necesarios para proceder a su elaboración.
B. Si existe un protocolo específico de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 en algún dispositivo de la red de alojamiento de la Ciudad. (…)
C. Si se ha efectuado un testeo masivo a la población alojada en los hogares y paradores con que cuenta la Ciudad. (…)
D. Si se ha brindado a la totalidad de la población alojada en los hogares y paradores con que cuenta la Ciudad, y a los empleados que trabajan en ellos, así como a las personas que se encuentran en efectiva situación de calle, la vacunación contra la gripe. (…) De no ser así, arbitre los medios necesarios para asegurar a la totalidad de dicho colectivo la vacunación en cuestión (…)
E. sobre todos y cada uno de los hogares y paradores que integran la red de alojamientos:
1]. la cantidad de camas disponibles, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha;
2]. régimen de alimentos que se entrega a la población allí alojada;
3]. periodicidad, detalle y cantidad de insumos que entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, elementos de limpieza, etc.;
4] medidas de prevención que se adopten en cada uno de los dispositivos».
La acción de amparo colectivo fue iniciada por Victoria Donda con el objeto hacer cesar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la omisión de proteger integralmente a las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. De manera que exige que el Ejecutivo porteño brinde subsidios habitacionales para que esta población acceda a la vivienda o bien entregue estas unidades en comodato, para lo cual reclama que elabore un plan que «contemple la necesidad de los distintos subgrupos que la componen y establezca acciones adecuadas para asistirlas durante los días de condiciones temporales adversas y/o extremas, ya sea por bajas o altas temperaturas».
El 19 de mayo pasado, el Gobierno de la Ciudad afirmó que «era errónea la conclusión a la que arribaba la actora (Victoria Donda), en cuanto a que los centros de inclusión -paradores- resultaban violatorios de las previsiones de la ley 3706, ya que éstos se encontraban reconocidos en la propia normativa a la que se hizo referencia como servicios asistenciales que brindaba el Estado». Adujo que «la pretensión de reubicar a todos los alojados en la red de dispositivos ofrecidos por el GCBA en hoteles contratados o viviendas sociales resultaba carente de sustento normativo y que, de ordenarse cautelarmente, significaría una manifiesta invasión a la zona de reserva de la administración. Máxime cuando la alternativa propuesta suponía que dicha reubicación debía hacerse con independencia de que las personas alojadas se encontraran contagiadas de coronavirus o no, lo cual resultaba claramente violatorio a las normas sanitarias dispuestas por el PEN». Aclaró que «la alternativa de alojamiento en hoteles se daba en el marco del contexto epidemiológico reinante y en función de las disposiciones previstas por la autoridad sanitaria competente en la materia». Precisó que «no poseía viviendas sociales disponibles para alojar a las personas alcanzadas por las previsiones de la ley 3706». Puntualizó que «había dispuesto la ampliación de la red de alojamientos, los que se encontraban abiertos las 24 horas los 7 días de la semana para garantizar que todos los alojados pudieran cumplir con el aislamiento social obligatorio y que en forma conjunta con el Ministerio de Salud se había dictado un protocolo de actuación ante sospecha de casos de Covid-19». Negó que «la política pública de ubicar en hoteles a los repatriados implica un acto discriminatorio con relación a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional».
El magistrado indicó que «no puede dejar de destacarse que la situación de calle que atraviesan dichas personas, privadas del ejercicio de sus derechos esenciales y necesidades primarias, las coloca en un estado de mayor riesgo frente a la pandemia. Y sus permanentes dificultades -o imposibilidades- en el acceso a la salud, en este contexto sanitario, se traducen, en muchos casos, en una situación de doble riesgo«. Agregó que «nada dice el GCBA con relación al peligro de hacinamiento ni al caso de contagio masivo del parador Retiro». Resaltó que «no acompañó, ni ofreció ni citó documentación y/o fuente alguna que diera cuenta de sus manifestaciones. No ha acercado (…) el o los protocolos a los que refiere, ni ningún informe o constancia que dé cuenta de la aplicación de la vacuna antigripal, como así tampoco del estado de ocupación y/o de infraestructura de los hogares y paradores, o de las medidas que allí se adoptan a fin de cumplir con las medidas básicas de protección». Respecto del abordaje sanitario de las personas en situación de calle alojadas en los paradores, destacó que «los equipos de los dispositivos usualmente no están integrados por personal sanitario, y que, en su caso, solo cumplen un turno -no van todos los días- y que cada dispositivo debe articular con el Hospital o Centro de Salud y Acción Comunitaria (Ce.S.A.C.) más cercano a fin de gestionar turnos, organizar la vacunación de los/as alojados/as e incluso canalizar las consultas médicas». «Tampoco se advierte en el listado de protocolos existentes del GCBA ninguno que refiera puntualmente a la red de alojamientos del GCBA», completó.
Para Scheibler, todo ello llevaría a concluir que «las escasas medidas adoptadas por parte del GCBA tendientes a tutelar el derecho a la salud del colectivo representado, tanto de los que se alojan en la red de hogares y paradores como de los que no, podrían haber resultado insuficientes e ineficaces a tal fin, dando lugar a escenarios de contagios masivos que amenazan la salud tanto de los grupos más vulnerables como de la sociedad en general».
En la causa, actúan la Defensora ante los juzgados de primera instancia, Lorena Lampolio; y el Defensor ante la Cámara de Apelaciones del fuero, Fernando Lodeiro Martínez.