Una madre de un niño discapacitado en situación de calle y sus dos defensoras oficiales buscan que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cumpla cuanto antes con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hace nueve meses le ordenó garantizarle «una solución habitacional» a la mujer y su hijo.
En este sentido, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Lidia Lago, habilitó la feria judicial a pedido de las defensoras de Sonia Yolanda Quizberth Castro, la mujer de ciudadanía boliviana que reclama una vivienda para ella y su hijo.
El 24 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el gobierno porteño debía suministrarles «un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada». La mujer y su hijo dejaron de vivir en la calle «gracias a medidas cautelares que la rescataron de la intemperie en la intersección de las calles Brasil y Pichincha, en el barrio de Parque Patricios».
Pero, al día de hoy, la mujer continúa viviendo en una habitación de hotel que no reúne las condiciones adecuadas para la patología del niño, que padece ce una discapacidad motriz, visual, auditiva y social, producida por una encefalopatía crónica no evolutiva, y necesita de una infraestructura especial para afrontar ese cuadro de salud, calificado como de `extrema gravedad´, según los peritos judiciales
El fallo del Alto Tribunal sostenía que «se encuentran involucrados también aspectos relativos a la situación en la sociedad de los discapacitados y la consideración primordial del interés del niño».
Según surge del expediente 29391/0, las abogadas Graciela Christe (defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario) y María Cecilia González de los Santos (titular de la Defensoría número cuatro) pidieron a principios de enero la habilitación de la feria para convocar a una audiencia entre las partes a los efectos de generar las condiciones para dar satisfacción a la sentencia de la Corte, debido a que la misma no ha sido cumplida por las autoridades del Ejecutivo porteño. La juez Lago aceptó el pedido por considerar «evidente el perjuicio que le ocasiona a la actora el incumplimiento de la sentencia recaída en autos, de no habilitarse la feria judicial y demorar el trámite del proceso hasta la culminación del receso en curso».
En ese contexto, reclamó a la Dirección General de Administración de Bienes que «precise si los inmuebles que figuran sin ningún `uso principal´ ni `específico´ o `en análisis´, entre los que se mencionan inmuebles en propiedad horizontal, alguno de ellos sería apto para vivienda».
Sobre este caso en particular, el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, consideró hoy que la «desobediencia» del Gobierno de la Ciudad, ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia por un reclamo habitacional, demuestra que «hay un abandono deliberado en viviendas, porque el jefe porteño, Mauricio Macri, sabe que estos sectores no le dan votos».
El auditor realizó estas declaraciones al ser consultado por el caso de Sonia Quizberth Castro, madre de un niño discapacitado en situación de calle, y cuya situación obtuvo un fallo en su favor por parte de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó hace nueve meses que el Ejecutivo porteño le garantizara una «solución habitacional» para ella y su hijo discapacitado aún sin resolver.
El caso volvió a ocupar espacio cuando se conoció hoy que la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Lidia Lago, habilitó la feria judicial a pedido de las defensoras de Quizberth Castro, quien reclama por una vivienda digna.
Para Epszteyn «hay dos problemas, primero una desobediencia de una orden judicial, que no es la única por parte del Gobierno de Macri. También hay una desobediencia en la Ley de Atención a Víctimas de Adicciones. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la política habitacional, es clara la decisión de Macri de no incorporar en su agenda la cuestión de la vivienda», subrayó.
«Desde que asumió hay una permanente disminución de los puestos de vivienda para los sectores más carenciados; y de lo poco que se presupuesta, se subejecuta y se cambian las partidas. Otra desobediencia tiene que ver con la resolución de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) por una cantidad de villas que están a la espera de soluciones habitacionales», agregó el ex legislador porteño.
En ese sentido también se refirió al «abandono a los sin techo» por parte del Gobierno porteño que «desarticuló el programa Buenos Aires Presente» que brinda asistencia a quienes se encuentran en situación de calle, y agregó: «Basta recorrer la Ciudad para ver el gran crecimiento de la población sin vivienda y sin techo. Y no hay ningún tratamiento para este tema. Hay un abandono deliberado, porque Macri sabe que estos sectores no le dan votos».
Para el funcionario la política habitacional del PRO está sólo dirigida a los sectores medios, y consideró que las clases bajas no están alcanzadas porque al Gobierno de la Ciudad «no les interesa, entonces tratan de resolverlo ofreciendo dinero al careciente, repartiendo plata para que se vayan a cualquier lado, y luego se desentienden».
«Nunca la gestión sobre vivienda tuvo un presupuesto muy alto en la Ciudad de Buenos Aires; pero Macri lo que hizo fue abandonarla y desarticularla, y poner los presupuestos a sectores medios como el de la primera casa, que no está mal, pero lo que hizo fue abandonar la construcción para los sectores más vulnerables», concluyó.