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Un nuevo impuesto a los pobres en Argentina
La polémica en torno al Impuesto a las Ganancias en Argentina ha cobrado gran relevancia, especialmente tras la implementación del decreto 652/24 que restableció la categoría más baja del mencionado tributo. En este sentido, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, se ha manifestado en contra de esta medida, a la que califica como un “impuesto a los pobres”. Su análisis destaca varios aspectos preocupantes sobre la situación económica y social de los trabajadores argentinos en el contexto de la nueva normativa fiscal.
La brecha entre la canasta básica y el mínimo no imponible
El secretario general de ATE sostiene que la brecha entre el costo de la canasta básica y el mínimo no imponible es “ínfima”. Según los últimos informes del INDEC, una familia necesita al menos $1.362.029 para no ser considerada pobre, mientras que el nuevo mínimo no imponible ha sido establecido en $1.494.000 de bolsillo. Esta situación deja apenas $131.971 de diferencia entre la línea de pobreza y el punto en que comienza a aplicarse el impuesto. Es una cifra que, teniendo en cuenta el costo de vida actual en Argentina, es alarmantemente pequeña y revela la precariedad de muchas familias que ahora enfrentarán la carga de este impuesto.
Un retroceso en la recaudación impositiva
El dirigente gremial califica esta medida como un “retroceso” en el sistema de recaudación impositiva. En un momento donde se debate a nivel global sobre la necesidad de gravar más a los grandes patrimonios, en Argentina se toma la dirección contraria: el nuevo paquete fiscal no sólo alivia la carga tributaria de los más ricos, sino que adicionalmente deja a los trabajadores y jubilados asumiendo una mayor carga impositiva.
Este cambio es aún más desconcertante, considerando que, según los expertos, una sociedad que busca mayor equidad debería centrarse en la justicia fiscal, donde quienes tienen más capacidad contributiva asumen un mayor peso en el sistema tributario. La actual política parece contradecir esta lógica básica de justicia social.
Aumento en el número de afectados
Uno de los aspectos más preocupantes es el incremento en el número de trabajadores de la Administración Pública Nacional que serán alcanzados por este gravamen. Se estima que más de 20.000 trabajadores ocuparán la categoría de contribuyentes de este impuesto, lo que representa aproximadamente el 16% de la planta de la Administración Pública. Además, se incluyen cientos de miles de empleados de organismos descentralizados y administraciones provinciales, especialmente en el sur del país, donde se eliminaron regímenes especiales que permitían una mayor protección ante la carga tributaria.
El efecto cascada es evidente: mientras la carga tributaria se incrementa para los trabajadores, muchos de ellos se sienten desprotegidos y desamparados, con menos incentivos y una creciente sensación de injusticia.
Implicancias inconstitucionales y acción sindical
Aguiar califica este impuesto como “inconstitucional”, subrayando que en esta nueva fase se afecta la autonomía provincial y municipal, eliminando normas locales que eximían una parte del salario de los trabajadores del gravamen. Esta centralización y unificación de la carga tributaria podrían tener consecuencias nefastas para la administración local y la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
En respuesta a esta situación desalentadora, ATE planea no sólo emprender acciones legales, sino también movilizar a sus miembros para protestar enérgicamente contra la imposición de este tributo que consideran “absolutamente ilegal”. La convocatoria a instancias orgánicas refleja la intención de buscar caminos que devuelvan la justicia al sistema tributario argentino.
Conclusión
La reintroducción del Impuesto a las Ganancias en Argentina no es solo un cambio fiscal; es un fenómeno que afecta la estructura social y económica del país en múltiples niveles. La crítica de Rodolfo Aguiar sobre este impuesto pone de manifiesto la tensión existente entre las necesidades de los trabajadores y las decisiones políticas del gobierno, que parecen ir en dirección opuesta a la equidad y la justicia social.
El futuro del sistema tributario en Argentina requiere de un debate público sincero y abierto. Es fundamental que se busque una solución que haga que aquellos con mayores recursos asuman un mayor peso en el sistema fiscal, en lugar de seguir trasladando la carga hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.