En noviembre del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta, logró que la Legislatura porteña le diera el visto bueno a una nueva prórroga de la explotación del servicio de operación mantenimiento del subterráneo porteño a favor de Metrovías, es decir, a Benito Roggio. La segunda, en los cuatro años que lleva de gestión. El primero de estos acuerdos vencía originalmente en 2015 y fue prorrogado hasta fines de 2017. Ese año, con la excusa de un nuevo llamado a licitación, el Ejecutivo había conseguido la primera prórroga con vencimiento a fines de 2018. Días antes que finalizara el período legislativo, Larreta ordenó a sus ediles a sancionar una nueva prórroga que, en teoría, vence a fines de diciembre.
Si bien, hasta el momento, el Ejecutivo en la Ciudad no ha enviado hasta el momento, un tercer proyecto para la extensión la concesión del servicio de operación mantenimiento del subterráneo. Y hay versiones que indican que Larreta lo hará por decreto. La licitación para seleccionar el nuevo operador, que debió concretarse en 2018, cada vez está más empantanada.
La incertidumbre sobre el futuro económico del país, inmerso en una extraordinaria crisis inflacionaria y la presencia de gran cantidad de asbesto detectada en las formaciones y talleres administrados por Metrovías, pusieron en alerta a las empresas interesadas en participar, entre ellas la alemana Deutsche Bahn, la francesa Keolis (SNCF), la Corporación América, controlada por el empresario Eduardo Eurnekian y Transport for London Consulting, filial de la estatal londinense para negocios extraterritoriales.
Estos consorcios están preocupados por las ramificaciones de la crisis del asbesto, ya que no existe claridad acerca de la delimitación de responsabilidades sobre el tema entre el operador y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Recordemos que a mediados de año, la empresa estatal admitió que tenía documentación donde constaba la presencia del material en los CAF 5000 y el hallazgo de piezas con asbesto en los Nagoya 5000.
De no mediar prórroga a Metrovías la operación debería revertir automáticamente a la estatal Subterráneos de Buenos Aires. El gobierno de Rodríguez Larreta ya ha hecho saber en ocasiones anteriores que ni siquiera contempla esta opción. Pero hay algo que, opere quien opere, no cambiará: la renovación del material rodante, la gestión de la infraestructura, y las eventuales obras de extensión de la red –frenadas hoy por primera vez en casi medio siglo– seguirán siendo una obligación del Estado.
Demoras, desprolijidades anticonstitucionales y asbesto, caracterizaron el afán de la Jefatura de Gobierno porteña en entregar en manos de concesionarias privadas el servicio de subterráneos, cuando duermen en la Legislatura de la Ciudad dos proyectos de Ley para hacer que este servicio público sea administrado por el Estado porteño.