Con las firmas de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, el pasado viernes 15 ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar la ley de Comunas. En el mismo se se elimina la palabra “jurisdicción”, se recorta el control comunal, le otorga Ejecutivo la potestad de fijar topes presupuestarios, y establece que los juntista deberán ejercer sus cargos d honorem, aa excepción al presidente comunal. En éste también reside todo el poder, dado se le da potestad para desempeñarse como presidente del Consejo Consultivo Comunal (CCC). En cuanto a los fondos, el dinero destinado a las comunas los “centralizará” la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo Macchiavelli, que en 2014 tendrá por las 15 zonas al menos 370 millones de pesos, que se suman a su presupuesto propio.
“El proyecto del PRO es violatorio del espíritu participativo y descentralizador de la Constitución de la Ciudad”, definió Cynthia Salama, comunera de la 10 por el FPV.
Como primer punto, el artículo 2º de la ley original 1777 marca: “Naturaleza jurídica. Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia.” Ahora le quita la palabra “patrimonio”. Otra polémica es con el artículo quince. En este nuevo texto “el Poder Ejecutivo fija el tope de gasto de cada Comuna”. En realidad según lo estipulado en su momento, un 5% de presupuesto total debe ir destinado a las comunas que manejan su propio financiamiento descentralizadamente, pero para 2014 sólo alcanzará el 3% y no será manejado por ellas mismas. Las miradas están puestas en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que conduce Eduardo Machiavelli. Este año su presupuesto es cercano a los 550 millones, unos 200 millones más que en 2012.
El artículo 25º de la actual ley define las remuneraciones. Todos los miembros de la Junta Comunal perciben un 60% del ingreso bruto total de un diputado porteño, y el presidente de la Junta, un 10% más. Ahora, sólo cobraría el presidente de la Junta, que tenderá a ser afín al partido gobernante porque las elecciones a comuneros acompañan la elección general del distrito. El resto, ad honorem.
“Esto ya lo quiso hacer el macrismo en 2011. Espero que el proyecto no prospere y que se siga apostando a las comunas. Es una democracia directa, que se la quiere ahogar. Ni siquiera tenemos estructura de personal, no podemos contratar gente”, criticó Alejandra Camiña (Proyecto Sur), de la Comuna 8.
También le recorta funciones al Consejo Consultivo Comunal, que hoy en teoría debe funcionar descentralizadamente de la Junta, formado por actores sociales, políticos y habitantes con domicilio en la comuna, con su propio reglamento y autoridades. Todas las recomendaciones emanadas del CCC son de tratamiento obligatorio por la junta comunal. En algunas comunas tiene un presidente, en otras una coordinación y en otras es asambleario. En el proyecto macrista, definitivamente se lo pone bajo la tutela del presidente de la Junta Comunal.
Y por último, borra del articulado original las “jurisdicciones comunales”, parte esencial de la ley vigente. De acuerdo con la actual norma, deberían ser 15 jurisdicciones administrativas, de gestión, patrimonio, personal y presupuesto propio. Su falta de concreción motivó que comuneros del FPV lleven adelante una denuncia judicial.