La reciente aprobación de la Ley de Movilidad jubilatoria y el anuncio del veto por parte del presidente Javier Milei han generado una ola de indignación y protesta entre las organizaciones de jubilados y jubiladas en Argentina. Este conflicto se desató en un contexto de creciente precariedad y pobreza que afecta a millones de argentinos, en especial a los sectores más vulnerables de la población, como los ancianos y los niños.
La situación de l@s jubilad@s se ha vuelto más crítica con cada gobierno que ha pasado. El recorte de derechos, las políticas de ajuste y la estigmatización de quienes dependen del sistema de asistencia social son elementos que han caracterizado a las administraciones recientes. En esta línea, Milei ha tomado decisiones que intensifican este contexto de vulnerabilidad. Su enfoque hacia los programas sociales y los movimientos comunitarios ha sido catalogado como un «vaciamiento» que condena a la pobreza a millones de argentinos, incluido un gran número de niños. La situación es alarmante: un millón y medio de niños se acuestan sin comer, una realidad que representa «un crimen social».
Además, la situación de los jubilados es igualmente desesperante. Con alrededor de 5 millones de jubilados y jubiladas en condiciones de pobreza, la falta de una pensión digna es un tema que debe ser abordado con urgencia. Atacar a l@s infancias y a l@s ancian@s es un acto de insensibilidad que desafía la humanidad de cualquier política pública.
Las organizaciones de jubilados han comenzado a movilizarse frente al Congreso y en la Plaza de Mayo, expresando su rechazo al veto y exigiendo un cambio inmediato en la política de jubilaciones. El hecho de que estas movilizaciones estén siendo dirigidas por los mismos jubilados que han vivido toda su vida trabajando, les da una legitimidad y urgencia únicas. Como subraya Fierro, «ser jubilado es una cuestión de tiempo», algo que todos debemos considerar, ya que todos, en algún momento, seremos parte de este sector de la sociedad.
Las grandes centrales sindicales como la CGT y las CTAs han sido criticadas por no convocar a todas las organizaciones para preparar una gran movilización nacional en defensa de los derechos de los jubilados. La pregunta que se plantea es: ¿qué sucede si no lo hacen? La autoconvocatoria y la radicalización de la lucha se convierten en una opción para aquellos que se sienten desprotegidos y marginados por las decisiones del gobierno.
El veto a la movilidad jubilatoria no es solo un acto administrativo, sino una ofensa a la dignidad de millones de trabajadores que aportaron a la economía durante toda su vida. Con el simple hecho de querer reducir un «subsidio miserable», el gobierno de Milei está dando un paso atrás en el reconocimiento de los derechos de quienes construyeron el país. Fierro exige una jubilación que responda al costo de vida real, vinculando el aumento en las pensiones a la movilidad salarial de los trabajadores en actividad. Esto significaría un ajuste de pensiones al 82% del salario promedio, una meta ambiciosa pero necesaria para asegurar una vejez digna.
La lucha por los derechos de los jubilados y jubiladas en Argentina no es solo una cuestión de política económica, sino un reflejo de una crisis social más amplia que abarca la pobreza infantil, la precariedad laboral y la desigualdad. La presión para cambiar esta narrativa debe ser colectiva y urgente.
El momento actual exige una respuesta clara y contundente de la sociedad civil. Las organizaciones de jubilados están marcando el camino, movilizándose y demandando sus derechos, y ahora es el turno de la ciudadanía, las centrales sindicales y todos aquellos que creen en una Argentina más justa. La lucha por una jubilación digna es una lucha por la dignidad de todas y todos. Por lo tanto, es crucial que nos unamos en esta causa, no solo en solidaridad con nuestros mayores, sino por el futuro de todos. El tiempo de actuar es ahora, y la lucha por los derechos de jubilados y niños es la batalla que define el carácter de nuestra sociedad.