La Legislatura porteña sancionó una Ley establece que el Estado brindará una reparación económica a las víctimas colaterales de femicidio agravado por el vínculo. Se aguarda ahora que el Ejecutivo porteño la promulgue a la brevedad y sin objeciones o vetos.
Con 57 votos positivos, el jueves 31 de agosto, quedó sancionada esta norma que promueve la creación de un régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes de hasta 21 años inclusive, cuyo padre –biológico o adoptivo- haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo o cuando la acción penal seguida contra su padre, en la causa donde se investigue el homicidio de su madre, se haya declarado extinta por la muerte de aquél.
Para acceder a esta prestación, la iniciativa impone como requisitos ser hijos/as de la progenitora fallecida, tener menos de 21 años de edad y residir en la Ciudad de Buenos Aires; aunque, en el caso de que las víctimas posean alguna discapacidad, el beneficio se brinda sin límite de edad.
La propuesta establece que el Estado porteño garantice una respuesta inmediata para los hijos/as de la progenitora fallecida, quienes pasarían a percibir una prestación mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417. La prestación es inembargable y se paga por cada hijo/a. Además, se brinda una cobertura integral de salud para los menores damnificados alcanzados por la norma.
El objetivo es ayudar a los niños, niñas y adolescentes cuyas madres hayan sufrido la violencia de género en su propia casa. Y si bien es claro que el daño que se sufre ante estos casos de violencia es irreparable, una suma dineraria representa una ayuda para que las familias puedan seguir adelante con sus vidas.
Con esta sanción la Ciudad de Buenos Aires es el único territorio del país donde rige esta reparación necesaria, aunque a nivel nacional la norma cuenta con media sanción del Senado. Desde la Defensoría esperamos que la Cámara baja siga el camino que hoy marcó la Legislatura porteña y reclamamos que se cubra la vacante del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes.
“La sanción de esta ley representa un paso fundamental para ayudar a aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan padecido este flagelo”, aseguró el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor. “Pero esta problemática no se resuelve solo con una norma. Cuando hay un femicidio es porque un hombre mató a una mujer. Las leyes son una ayuda muy importante y una política de Estado, pero es imperioso trabajar en un cambio cultural profundo que debemos encarar los varones. Si no somos nosotros los que cambiamos nuestra conducta por más normas que sancionemos esto no lo vamos a revertir”, añadió.
La presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, celebró el consenso que generó la iniciativa: “En estos temas, lo partidario debe quedar de lado”. Asimismo recordó que “en los últimos nueve años fueron asesinadas 2384 mujeres, y 2919 hijos e hijas quedaron sin madre. En la Ciudad estamos hablando de 55 menores de edad. Ellos son las victimas invisibles de los femicidios”.
Por último, señaló que la ley lleva el nombre de una de las hijas de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su pareja y arrojada a un río dentro de una bolsa: “Brisa representa a los niños, niñas y adolescentes en su misma situación”.
Un inmueble para La Casa del Encuentro
La Legislatura porteña aprobó también por unanimidad un proyecto de la Defensoría del Pueblo para otorgarle un inmueble a la asociación civil La Casa del Encuentro en Yatay 125, a título precario y gratuito, para que pueda seguir llevando a cabo su lucha contra los femicidios.
Cabe recordar que esa asociación civil se fundó el 4 de octubre de 2003 con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes; asimismo tiene tres pilares fundamentales, lo político, lo social y lo cultural desde la autonomía de pensamiento, acción y palabra. Además, sus actividades han sido declaradas de interés social por la Legislatura.