por Lucía Pereyra
En el año 2024, el panorama de la asistencia a víctimas de violencia machista presenta un panorama alarmante: entre el 1° de enero y el 30 de noviembre, se registraron 273 femicidios en un país que ha visto recientemente un desmantelamiento sistemático de programas esenciales para la asistencia a víctimas de violencia de género. La reducción de personal, los recortes presupuestarios y la eliminación de insumos vitales se entrelazan en un contexto más amplio de ajuste económico, que se traduce en un aumento exponencial de la pobreza. En este escenario, la violencia de género, sostenida y promovida desde el propio Estado, golpea particularmente a aquellas que menos tienen.
Los números son contundentes y desgarradores. De las 273 víctimas, 243 fueron femicidios de mujeres y niñas, mientras que se reportaron 3 lesbicidios, 7 trans-travesticidios y 20 femicidios vinculados a varones y niños. En este contexto, 307 hijes quedaron sin madre, un 52% de los cuales son menores de edad. La mayoría de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y alarmantemente, un 5% eran agentes o exagentes de fuerzas de seguridad. La casa, ese lugar que debería ser un refugio, sigue siendo el más inseguro para estas mujeres y sus hijos. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco se erigen como los lugares más afectados, y la situación solo parece empeorar.
Estos datos provienen del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, administrado por La Casa del Encuentro, que este año ha documentado un aumento notable de los casos en comparación con 2023, lo que evidencia una crisis en la atención a las víctimas y en la actuación estatal. Este agravamiento ocurre a la par de un ajuste a muchos de los programas conquistados por el movimiento de mujeres y diversidades, quienes han luchado incansablemente en las calles por un «Ni Una Menos».
El recorte real está a la vista: de 23 programas de atención a víctimas de violencia de género que desarrollaba el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, solo 12 permanecen en funcionamiento. Sin embargo, la precariedad es la norma. Estos programas enfrentan la falta de personal, escasez de presupuesto, la ausencia de autoridades designadas y, en muchos casos, han quedado en el abandono tras la gestión anterior. El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que se supone debe ofrecer un mapa de atención y vigilancia, muestra una reducción alarmante en la asistencia a las víctimas: de 43,000 casos atendidos en el segundo trimestre de 2023, se ha pasado a solo 4,550 en el mismo período de 2024, un descenso de casi el 90%.
Los grupos más vulnerables de la población, como las comunidades LGBTQ+ y las poblaciones indígenas, han sido las más golpeadas por estos recortes. Para las personas de la diversidad sexual, la asistencia ha caído drásticamente, pasando de 3,820 asistencias en el segundo trimestre de 2023 a apenas 156 en el mismo período de 2024, lo que significa una disminución del 96%. Similares cifras se observan en las comunidades indígenas, donde el número de víctimas que accedieron a algún tipo de asistencia se redujo de 793 en 2023 a solo 32 en 2024.
Estos datos nos llevan a una inquietante reflexión: 8 de cada 10 mujeres víctimas de femicidio nunca habían denunciado los hechos de violencia que sufrían. Esta cifra resalta las múltiples barreras que enfrentan las víctimas al intentar buscar ayuda, desde la desconfianza en el sistema hasta el miedo a las represalias. Las políticas de asistencia no solo deben existir; necesitan ser accesibles y efectivas, y, lamentablemente, parecen estar en una trayectoria de declive.
Organizaciones de mujeres y ONGs observan con creciente preocupación la crítica situación. El Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral, una iniciativa destinada a brindar atención psicológica y apoyo legal a familias que experimentan la pérdida de una víctima de femicidio, ha visto pasos estremecedores en su eficacia. Mientras que en 2023 se brindaron alrededor de 70 apoyos, en 2024 se reduce a solo 13, y estos fueron aprobados en el año anterior, cobrados solo en enero del corriente año. Espacios vitales para la atención y recuperación psicoemocional se ven arrastrados a la ineficacia total.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierte que otros programas, como el de Protección y Rescate de víctimas de violencia y trata, han registrado caídas alarmantes del 72.11% y un 90%, respectivamente. En un clima donde la vida de las mujeres y diversidades está constantemente en riesgo, estos recortes representan un acto de violencia institucional que responde a un contexto social ya en crisis.
Los recortes solamente se intensifican y, paradójicamente, se hace aún más evidente la necesidad de un abordaje estructural que traspase lo inmediato y reactivo. El Programa Acompañar, que ofrecía un salario mínimo, vital y móvil a las víctimas, ha sido amputado. La duración del apoyo se ha reducido de 6 a solo 3 meses, así como el requisito para acceder se ha vuelto más exigente, exigiendo en muchos casos una denuncia policial o judicial previa, un obstáculo que muchas víctimas no pueden, o no se atreven, a sortear.
En conclusión, la violencia machista en Argentina no es solo una cuestión de crímenes atroces o estadísticas frías; es una realidad cotidiana para muchas mujeres, niños, y comunidades en riesgo, exacerbada por la falta de inversión y el desmantelamiento de programas que eran fundamentales para su protección y asistencia. La lucha por el derecho a vivir en condiciones de seguridad se ha topado con la indiferencia estatal, un ataque sutil y sistemático a los logros que el movimiento de mujeres y feministas ha logrado en las últimas décadas. Los efectos son devastadores y, en este sentido, la lucha continúa. Sin asistencia, sin recursos, las mujeres y diversidades quedan desprotegidas, en el núcleo mismo de la violencia. Ahora más que nunca, es necesario reivindicar una respuesta que sea efectiva, integral y que restablezca el compromiso del Estado en la protección de quienes más lo necesitan.