El Cuerpo parlamentario porteño disolvió, en la sesión del jueves 8 de mayo, el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) como ente autárquico del Gobierno de la Ciudad. De esta manera, quedó ratificado el convenio suscripto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual este último le otorga el derecho de uso real por 30 años de todos los inmuebles en los que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante el período de terrorismo de Estado de última Dictadura Cívico-Militar.
Crónica de una riña esperada
El cinco de marzo de este año, María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno porteña y Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de la Nación, firmaron un acuerdo por el cual la Ciudad le otorga a la Nación el derecho de uso real por 30 años de todos los inmuebles en los que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante el período de terrorismo de Estado de última Dictadura Cívico-Militar. Estos son: los predios de la ex ESMA, Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Ceballos, pasarían a ser administrados (usufructo por 30 años) por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para ello se necesita la aprobación del Congreso Nacional y de la Legislatura porteña.
Desde que se hizo público este convenio, la dirección del IEM se opuso al mismo, porque de hecho implica la disolución de esta institución autárquica y autónoma donde confluyen todos organismos de Derechos Humanos. Vale recordar que la misión de la IEM era la de proteger y preservar los estos centros de detención y exterminio.
Si bien en el Senado de la Nación la ratificación de este convenio fue aprobada sin mayores inconvenientes. No sucedió lo mismo en la Legislatura porteña. En la sesión del 24 de abril, fracasó el intento de los bloques del PRO y del FpV de votar sobre tablas el proyecto: no lograron reunir los 40 votos de rigor para darle curso. La presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en el recinto, para solicitarle a los legisladores que no votaran positivamente la ley, aceleró las contradicciones internas en el FPV, que a la postre terminó en un escándalo.
Pérez Esquivel señaló respecto a este convenio que «Ambos gobiernos actuaron con absoluto sigilo en la negociación de ese convenio, para presentarlo como un hecho consumado, sin la más mínima consulta, diálogo e información al IEM ni a los organismos de derechos humanos, que luchamos por su creación como ente autónomo y autárquico, para preservar la memoria como política de Estado, evitando su sometimiento a intereses partidarios y a los cambios de la conducción gubernamental».
De manera que la iniciativa fue perdiendo apoyo con el correr de las horas. Si bien los 28 legisladores presentes del PRO estaban convencidos de votar la medida. No sucedió lo mismo con los integrantes del “interbloque K”, (Nuevo Encuentro conducido por Gabriela Cerrutti, el FPP de Aníbal Ibarra e Izquierda Popular de Pablo Ferreira). Aníbal Ibarra se ausentó al momento de votar. Gabriela Cerruti y Jorge Taiana faltaron a la sesión. Susana Rinaldi y Pablo Ferreyra, se negaron a votar el convenio. Ninguno quería ser el “voto 40”.
El fracaso, fue festejado por los trabajadores del IEM presentes en las tribunas. Lo que produjo un fuerte intercambio de insultos entre la presidenta del bloque K, Gabriela Alegre, y los empleados del organismo. Estos últimos indignados por el manifiesto desborde de ira de Alegre le gritaron: ¡Andá a hacer asados a la ESMA!”, a lo que la legisladora respondió: “El asado lo hacemos la semana que viene”.
Sobre la respuesta de la jefa de bloque kirchnerista, Pérez Esquivel reflexionó: “Es una falta de respeto que la principal impulsora de la disolución del IEM, Gabriela Alegre, les haya dicho a los trabajadores que cuando se disolviese el IEM estamos invitados a comer un asadito en la ex ESMA. No se puede banalizar la memoria histórica de nuestro pueblo, recordemos que los militares de la dictadura llamaban ‘asaditos’ a la quema de cuerpos en la ESMA”.
Dos semanas después. Dos horas de debate. Convenio aprobado
El asado no pudo hacerse. El jueves siguiente resultó ser un feriado. La Legislatura no sesionó hasta el 8 de mayo, cuando sí logró los 40 votos de rigor y el proyecto fue aprobado. En esta oportunidad Adolfo Pérez Esquivel no estuvo presente. Sí, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, a quien no se le permitió hacer uso de la palabra.
En el proyecto en cuestión, el Jefe de Gobierno porteño fundamenta la disolución del IEM, explicando que la misma «no obsta la continuación de las políticas de difusión, capacitación, cumplimiento y promoción de los derechos humanos, y el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural».
El diputado Helio Rebot (PRO) reforzó este argumento en el recinto: «garantiza mediante la creación de un consejo asesor como área descentralizada de la Subsecretaría en el que participan la totalidad de los organismos que actualmente trabajan en el IEM, la estabilidad y remuneración de efectivos y contratados». En tanto, su par de bancada Daniel Lipovetzky, recordó las acciones del GCABA en materia de derechos humanos.
Por su parte, la presidenta del bloque Frente para la Victoria, Gabriela Alegre afirmó que «esos sitios son emblemas nacionales, por lo que ratificamos y defendemos el pase a la órbita del gobierno nacional; además estamos creando un consejo asesor similar al IEM». La derogada Ley N° 961 había creado el IEM como ente autárquico en el ámbito del GCABA, norma impulsada por la legisladora que fue aprobada en el año 2002 por unanimidad.
Tras dos horas de debate los resultados de las votaciones en general fueron de 41 voluntades por la positiva y 15 por la negativa: Pablo Bergel (VA), Marcelo Ramal (FIT), María Inés Gorbea (SUMA+), Maximiliano Ferraro (CC), Alejandro Bodart (MST) y Gabriela Ocaña (CP). En el mismo sentido también votaron Hernán Arce (PS), Gabriela Cerruti (NE), Pablo Ferreyra (IP), Cristina García (CP), Javier Gentilini (PSur), Juan Nosiglia, Hernán Rossi (SUMA+) y Paula Oliveto (CC).
¿Qué dice el convenio?
El convenio fue suscripto el 22 de enero del corriente año involucrando los edificios de la ex ESMA en la avenida Del Libertador (Casino de oficiales, Pabellón Central, Imprenta, Taller Mecánico, Pabellón Coy y Enfermería) y los centros clandestinos de detención: Automotores Orletti -Venancio Flores 3519/21-, Club Atlético -avenida Paseo Colón 1200-, Olimpo – Ramón Falcón 4250-, Virrey Cevallos -Virrey Cevallos 628/630- a fin de optimizar su preservación y puesta en valor. Para ello el PEN toma a su cargo los gastos ordinarios y extraordinarios y deberá abonar todos los impuestos, tasas y contribuciones sobre estos bienes.
Sobre el Instituto Espacio para la Memoria, la cláusula sexta del convenio establece que este organismo “tendrá su sede” en el Edificio “Pabellón Central (4 Columnas)” de la ex ESMA y que el Poder Ejecutivo Nacional asume y toma a su cargo la realización del «Museo del Terrorismo de Estado» así como la «Propuesta Museográfica para el Sitio de Memoria». Es sobre este último punto donde se suscitan las mayores divergencias entre los organismos de Derechos Humanos que, hasta el jueves, integraban el IEM.