La creación de un equipo de «abogado del niño», que garantiza el derecho de los chicos a ser oídos al traducir su opinión en una defensa técnica, es uno de los principales logros del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, según se desprende de su informe de gestión anual.
“Para nosotros la presentación de este informe es un buen momento para dar cuenta de nuestro trabajo durante 2011 pero también para evaluar la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló la Asesora General Tutelar, Laura Musa.
En referencia al trabajo del MPT (que también se conoce con el nombre de Asesoría General Tutelar), Musa destacó la importancia de que “en primer lugar, se entienda que nosotros somos una agencia judicial y no de asistencialismo y que hemos tomado distancia de los modelos de intervención de carácter tutelar que correspondían al viejo paradigma”.
El “viejo paradigma” al que la abogada hace referencia es la Ley de Patronato, que fue superada en 2006 con la promulgación de la Ley 26.061 denominada “Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
“El espíritu de la Ley 26.061 es que el niño es sujeto de derecho y ser oído es uno de sus derechos fundamentales -explicó Musa-. Ahora bien el abogado del niño es el único que puede garantizar que esa escucha sea real”.
“La función de los letrados es garantizar que los intereses inmediatos de niños, niñas y adolescentes sean expresados en todo expediente administrativo y judicial que los involucre, es decir, que el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en consideración se traduzca en una debida defensa técnica”, indicó.
“Por ello -aseguró- la conformación del Equipo Público de Abogados del Niño, mediante la Resolución AGT 210 / 2011, es un decisivo paso adelante y pone a la Ciudad de Buenos Aires a la vanguardia en la defensa de los derechos de los niños”.
La actuación de los abogados de los niños atraviesa, a la vez, las distintas problemáticas a la que muchos chicos se ven expuestos y que van desde el tema de salud mental hasta la necesidad de vivienda.
“Sobre salud mental éste es el primer año de aplicación de la nueva ley nacional y en ese marco se realizaron aportes para que la reglamentación contemple el principio de autonomía progresiva para el consentimiento informado en la internación de las personas menores de edad”, detalló.
Al dar un panorama de la situación en la Ciudad de Buenos Aires, Musa informó que el MPT fue notificado de 256 internaciones de niños de las cuales el 80% se produjo en los hospitales monovalentes, es decir, especializados en salud mental, “cuando la nueva ley dice que los chicos deben ser tratados por pediatras en hospitales comunes”.
Según los datos del informe, únicamente en ocho casos se notificó la intervención de un abogado (art. 22, Ley Nº 26.657), y en el 65% de los casos no se registra notificación al juzgado (art. 21, Ley Nº 26.657).
“Es muy difícil hacerle entender a quienes están a cargo de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires la necesidad de que liberen el acceso de los abogados a los lugares donde los niños están internados”, explicó Musa.
La abogada precisó que “recién ahora estamos logrando que nos dejen pasar y de esa manera podemos trabajar con los chicos acerca de cómo sienten que van con el tratamiento para planteárselos a los equipos de trabajo o bien para litigar si hiciera falta”.
La abogada afirmó que “lo que queremos evitar con esto es que ningún chico quede internado por desidia del sistema, como sucede quizás en el Moyano donde hay mil mujeres que al no tener recursos no pueden tener control sobre su evolución”.
“La pobreza aquí juega un rol central porque los chicos sin recursos son internados en hogares y si realizan alguna crisis son derivados al Tobar García, donde al poco tiempo les dan el alta, pero el hogar ya no los vuelve a recibir. Entonces los niños quedan en un limbo donde nadie se hace cargo”, sostuvo.
La problemática habitacional es otro de los derechos contemplados dentro de los económicos, sociales y culturales, sobre los que el MPT trabajó en varios casos realizando presentaciones judiciales como, por ejemplo, por el “Parador Costanera”, por la falta de unidades de terapia intensiva pediátrica, o por la falta de vacantes en nivel inicial.
“Las oficinas de descentralización que el MPT creó en de La Boca, Barracas, Soldati y Mataderos han recibido un alto impacto del problema de viviendas que tienen muchas personas de los barrios del sur y sobre todo, muchos niños”, detalló Musa.
La letrada describió un círculo en el que los niños reciben subsidios para vivir en hoteles, pero al tiempo éstos se cortan y son desalojados, volviendo a la calle o siendo derivados a paradores.
“Lo que nosotros observamos es que esta batería de subsidios no solucionan el problema de fondo, que cada vez es más crítico”, añadió.
En referencia a la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, el MPT informó que en sus oficinas ubicadas al sur porteño “se registró un marcado aumento en la cantidad de consultas atendidas que pasaron de 300 en 2009 a más de 3500 en 2011”.
La otra cara de la carencia de viviendas son los niños institucionalizados, que según un relevamiento ascienden a 1.160, de los cuales casi la mitad se encuentran alojados fuera de Capital, alejados de sus familias y amigos.
“El MPT intervino en el monitoreo y denuncia de irregularidades que conllevaron a la sanción y en algunos casos baja de convenios -por parte del Registro de ONGs del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- con instituciones que presentaban irregularidades persistentes”, detalló el informe.
“Esperamos que este informe sirva para propiciar un espacio de intercambio y debate sobre los desafíos aún pendiente que necesariamente deben involucrar a los tres poderes del estado local”, concluyó Musa.