Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) pidieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que informe sobre la compra de 15.000 barbijos «de alta eficiencia» a 3.000 pesos cada uno, ya que ese precio «supera ampliamente lo ofertado por otros distribuidores autorizados».
A través de un proyecto de resolución presentado en la Legislatura porteña, el bloque del FdT pidió al Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires información sobre el proceso de compra y los criterios utilizados para la adquisición de 15.000 barbijos a la empresa Green Salud, que cuenta con «menos de un año de trayectoria» en la provisión de insumos sanitarios.
El pedido de los diputados se refiere a una compra realizada a principios de este mes por la subsecretaría de Administración del Sistema de Salud de la Ciudad, mediante el proceso de contratación directa, de 15.000 barbijos de «alta eficiencia» de la marca 3M por un total de 45 millones de pesos.
«Considerando los precios de proveedores locales, el costo por unidad de la compra realizada supera ampliamente lo ofertado por otros distribuidores autorizados de la firma 3M», argumentaron los legisladores.
Además de la información sobre el proceso de compra, los diputados solicitaron al Ejecutivo porteño información detallada sobre las características técnicas del barbijo adquirido y el listado de licitaciones y compras directas del Gobierno porteño en las que participó la firma Green Salud.
En la presentación, los legisladores argumentaron que la propia empresa 3M publicó una lista de precios con el objetivo de evitar la especulación, en la que el modelo más caro de esa marca puede costar entre 2,68 y 3,40 dólares.
Por otro lado, afirmaron que la empresa Segufer, distribuidora autorizada de productos 3M en Argentina, cotiza en su portal web a 11,05 dólares la ‘mascarilla descartable 3M con válvula modelo 9332 P3’, que habría sido el producto adquirido por el Gobierno porteño.
«En un contexto de crisis y caída de la recaudación, el patrimonio público debe ser protegido y defendido con especial atención», afirmaron.
Por la misma compra, la dirigente de izquierda Celeste Fierro (MST-FIT Unidad) denunció ayer en la justicia contravencional al Gobierno porteño y afirmó que la adquisición fue «un fraude contra la administración pública penado por el artículo 174 inciso 5 del Código Penal, más ofensivo aún en medio de la pandemia».