El pasado 27 de mayo, la jueza Elena Liberatori emitió una orden judicial para suspender el aumento de pasaje de Subte en la Ciudad, estableciendo un plazo de 5 días hábiles a SBASE para que presente una readecuación de la tarifa acorde a los criterios de justicia y razonabilidad establecidos en la Ley 4472.
En caso de incumplimiento al vencimiento del plazo, establecido para el lunes 3 de junio, se suspendería la Resolución N° 5/SBASE/24 y se restablecería el precio del boleto en $125 desde el 4 de junio hasta el 10 de julio. Al día siguiente, tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como SBASE apelaron dicha orden judicial. Liberatori permitió que el recurso de apelación avanzara y fuese tratado por la Cámara de Apelaciones, siempre y cuando no se desestimara la orden judicial por ella emitida. El 30 de mayo, el GCBA y SBASE presentaron un Recurso de Queja directamente ante la Cámara de Apelaciones argumentando que la jueza de primera instancia no dio curso al recurso de apelación por ellos presentados.
De manera sorprendentemente rápida, el 3 de junio, la Sala III de la Cámara de Apelaciones resolvió el Recurso de Queja otorgando efectos suspensivos al recurso de apelación, lo que significa que las órdenes contenidas en la Medida Cautelar librada por la jueza Luberatori quedaban suspendidas hasta que se resolviera la apelación.
Este fallo implica que, a pesar de que el plazo para presentar la readecuación de la tarifa estuviese por vencer, el GCBA y SBASE quedaban exentos de cumplirlo debido a la decisión de la Sala III de suspender la Medida Cautelar. A pesar de la oposición del Fiscal de Cámara, los jueces respaldaron al GCBA y a SBASE con argumentos que sostenían que la cautelar afectaba el derecho de defensa de los demandados y tenía el potencial de perjudicar la regular prestación del servicio público de subterráneos. También se argumentó que el esquema procesal impuesto por la jueza retrasaba el proceso y podía generar efectos irreparables en caso de que la acción de amparo fuese rechazada o la cautelar revocada.
Se destaca que los jueces están preocupados por los efectos que la medida cautelar podría tener sobre Emova, SBASE y el GCBA, pero no consideran las consecuencias económicas y los impactos en los derechos de los usuarios del subte que ya están sufriendo debido al aumento exorbitante de las tarifas. En conclusión, el caso judicial en torno a las tarifas del subte de Buenos Aires ha generado un debate sobre la justicia, razonabilidad y equidad en la fijación de precios, destacando la complejidad de los procesos legales y la importancia de equilibrar los intereses de todas las partes involucradas.