En el comunicado de esta semana, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@l, elabora un análisis de los acontecimientos políticos que se vienen desarrollando en 2025 que, a criterio de este colectivo, marcan un momento definitorio en la historia política del país. «Las promesas de un nuevo rumbo, incluidas las reformas económicas y sociales esperadas por muchos, se ven arrastradas por una serie de decisiones y declaraciones que despiertan tanto preocupación como indignación entre amplios sectores de la población», explica el documento, que reflexiona: «A medida que se desenvuelven los acontecimientos, el contraste entre la retórica oficial y la realidad cotidiana de los ciudadanos se hace cada vez más evidente».
En este sentido, consideran que uno de los aspectos más desconcertantes de la administración de Gobierno ha sido la postura del ministro de Economía, Luis Caputo. «En un escenario donde el consumo popular se desploma, Caputo ha señalado sorprendentemente que los precios están ‘adelantados'». Esta afirmación, que podría considerarse una falta de sintonía con la realidad de los argentinos, llega en un contexto donde muchas familias luchan por estirar un presupuesto que ya de por sí es escaso. «Mientras tanto, el funcionario se mueve entre negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando dólares baratos que, a juicio de muchos críticos, solo sirven para facilitar la llamada ‘bicicleta financiera’, término que se ha popularizado en las esquinas del sistema económico argentino para describir las maniobras de algunos sectores que se benefician a expensas de la mayoría».
El fenómeno del negacionismo también ha surgido con fuerza en el Gobierno, manifestándose a través de las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. «Ambos han minimizado y confrontado los aspectos más oscuros de la historia argentina, lo que no solo provoca inquietud a nivel social, sino que también socava la lucha por la memoria y la justicia», argumenta el escrito, que sugiere que esta incapacidad o incluso el descaro de reconocer las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes dibujan un panorama sombrío sobre el respeto por la democracia y los derechos de aquellos que han sido históricamente marginados.
También se apunta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que «ha agregado combustible al fuego de la tensión social con sus intentos fervientes por militarizar el país». De hecho, la brutal represión contra los jubilados que se manifiestan en busca de derechos básicos se ha recrudecido.
El presidente Javier Milei, un personaje polarizador por excelencia, parece disfrutar de esta dinámica de confrontación y autoritarismo. Sus recientes expresiones van más allá de la metáfora de la motosierra y la licuadora, ahora se jacta de haber aplicado la guillotina —una metáfora siniestra— para despedir a figuras que han cuestionado el rumbo de su administración, como la hija del ex Ministro Domingo Cavallo y al ex director de ANSES, Mariano de los Heros. La represión de aquellos que se atrevan a hablar en un año electoral solo pone en evidencia la falta de transparencia en un gobierno que se muestra intolerante a la contrariedad.
Mientras todo esto ocurre, el Congreso Nacional se convierte en un escenario de teatro político donde la hipocresía resulta ser la protagonista. La división entre quienes apoyan las políticas del gobierno y quienes critican abiertamente sus efectos en la población es notoria, pero poco parece traducirse en acciones que beneficien a los más vulnerables. Los jubilados y trabajadores, quienes deberían estar en el centro de la agenda política, apenas logran satisfacer sus necesidades en un contexto donde los salarios continúan siendo raquíticos, y el número de cesanteados crece día a día, mientras se privilegian a los sectores más acomodados con recortes impositivos.
Ante este escenario, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s levantó su voz. «La lucha es la vía y la unidad la condición imprescindible para enfrentar efectivamente las políticas de Milei y sus aliados». Este llamado a la acción se convierte en un grito colectivo que resuena entre los oídos de aquellos que ven con desconfianza el futuro que les espera bajo un gobierno que parece más preocupado por mantener su poder que por garantizar el bienestar de la ciudadanía».