Desde diciembre de 2023, la política previsional se ha caracterizado por medidas regresivas que han deteriorado el poder adquisitivo de las jubilaciones, incluyendo la aceleración inflacionaria, la consolidación a través del DNU 274/2024 y la reducción de los bonos a las jubilaciones mínimas, indica un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), donde analiza el devenir de la Movilidad Jubilatoria durante la era mileista.
En el año 2024 -analiza el escrito-, el superávit fiscal del gobierno se fundamentó en una notable disminución del poder adquisitivo, especialmente en lo que respecta a las jubilaciones y pensiones. Este fenómeno resultó en que las jubilaciones y pensiones contribuyeran con un significativo 19.2% al ajuste del gasto estatal, lo que subraya la importancia de este sector en la política fiscal del país.
¿Cómo se llegó a esto? A partir de la sanción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274/24, implementado por Javier Milei, que alteró la fórmula previsional vigente. Esta nueva normativa vinculó los haberes a la inflación, derogando de manera explícita la Ley 27.609 que anteriormente regulaba este tema. Aunque la fórmula ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) permitió observar ciertos signos de recuperación inicial para los jubilados, los expertos sostienen que la normativa anterior habría proporcionado beneficios más contundentes y sostenibles a largo plazo para los beneficiarios.
En pocas palabras: los aumentos en los montos de jubilaciones programados para septiembre y diciembre de 2024, así como para marzo de 2025, habrían sido más favorables si se hubiera mantenido la fórmula anterior. Según las proyecciones, en marzo de 2025, la jubilación mínima sin bono alcanzaría la cifra de $279,122 bajo la nueva fórmula, en contraste con los $356,962 que se habrían logrado con el método previo, lo que pone de manifiesto una clara diferencia que podría afectar a millones de jubilados.
Desde marzo de 2024, el bono compensatorio establecido de $70,000 no ha sido objeto de ajustes, lo que ha resultado en una pérdida significativa de poder adquisitivo para los jubilados que dependen de esta ayuda. Entre los meses de marzo de 2024 y febrero de 2025, los haberes en general experimentaron un aumento del 103.1%; sin embargo, la jubilación mínima, que incluye el bono, solo tuvo un incremento del 67.8%, lo que denota una desfavorable tendencia en comparación con la inflación.
A pesar de las declaraciones optimistas de Milei sobre el tema, es importante señalar que el poder adquisitivo de las jubilaciones sin bono durante el periodo de enero a marzo de 2025 es un 1.9% inferior al registrado en el último trimestre del gobierno anterior. Además, las jubilaciones que incluyen el bono han sufrido una caída aún más drástica, del 13.3%, lo que genera inquietudes sobre la verdadera situación de los jubilados en el país.
La vinculación de las jubilaciones al IPC está diseñada para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo, pero también presenta la limitación de no permitir que se produzca una recuperación significativa de este poder adquisitivo a lo largo del tiempo. La Ley 27.756, que fue vetada por el Ejecutivo, contenía una serie de medidas orientadas a mejorar el poder de compra de los jubilados, lo que ha sido considerado por muchos como un error de la administración actual.
A su vez, las modificaciones recientes en la política de medicamentos de PAMI han llevado a una notable reducción en la cobertura y el acceso a medicamentos gratuitos, lo que ha perjudicado gravemente a los jubilados. Esta situación es preocupante, especialmente considerando que los precios de los medicamentos han superado la tasa de inflación general, lo que agrava aún más la crisis del sector.
El presupuesto presentado para el año 2025 opta por mantener la fórmula vinculada al IPC y por dejar congelado el bono en $70,000. Además, el Ejecutivo ha decidido prorrogar el presupuesto correspondiente al año 2023, lo que implica una continuidad de una política que muchos consideran regresiva y que no contribuye a mejorar el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Por si esto fuera poco, el gobierno ha informado de manera oficial que no se prorrogará la moratoria previsional, una decisión que afectará de manera significativa a la mayoría de las personas que se encuentran en edad de jubilarse: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse. Estas personas tendrán que conformarse con una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), lo que representa un cambio drástico y potencialmente perjudicial en sus expectativas de ingresos en la etapa post-laboral.