El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre el asesinato Roberto Autero, por el agente de la Policía Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año.
Roberto Autero, de 16 años recibió un disparo en la nuca por parte del agente en las inmediaciones del Parque Rivadavia. La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 37, a cargo de Silvia Ramond. Allí se investigan las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Autero vivía en la calle con 3 hermanos y hasta 2014 estudiaba en el Centro Educativo Isauro Arancibia.
El ODH solicita que se informe:
* Qué servicio prestaba ese día el agente Sebastián Torres en la zona aledaña al Parque Rivadavia y cuál es su rango.
* Si el agente provino de otras fuerzas de seguridad, si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle causales de esos antecedentes y sus resultados.
* Cuál es el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana para casos como este.
* Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos que captaron esta secuencia.
* Teniendo en cuenta que Autero recibió un tiro por la nuca, informar si el efectivo se identificó como funcionario del servicio, advirtiendo su intención de emplear la fuerza o arma de fuego, tal como lo exige la ley 2.894 de Seguridad Pública.
* Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.
* Si se abrió un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.
* Ante las declaraciones del efectivo sobre la supuesta “actitud sospechosa” de la víctima, se solicita información sobre qué entiende la fuerza por ese concepto y en qué norma se encuentra tipificado.
* Si el efectivo fue separado de la fuerza o si recibió algún tipo de sanción por este hecho.
«Resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios en vísperas a la movilización que familiares, amigos y distintas organizaciones sociales, educativas, culturales y de derechos humanos harán exigiendo Justicia», señala el Observatorio, y añade: «Las manifestaciones del efectivo relativas a la supuesta ‘actitud sospechosa’ de Roberto Autero pasa groseramente por alto esta manda constitucional. Claramente se castiga una peligrosidad sin delito. La vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto ‘actitud sospechosa’, implica darle vida a un concepto que devolvería facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple “portación de cara”. Es una abierta repulsión de la Constitución de la Ciudad que en su artículo 11 prohíbe ‘…discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.’”
«De comprobarse en la investigación que efectivamente el policía actuó en forma irregular en el uso del arma de fuego, nos encontraríamos frente a una clara violación por parte de dicho agente de diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública”, señala el comunicado del ODH y señala que «en consecuencia, la investigación debe dirigirse certeramente a analizar si el agente Torres ha actuado ilegalmente y con un alto grado de irresponsabilidad y falta de ética profesional lesionado derechos fundamentales de las personas en violación al art. 25 y 26 de la ley citada».
«El retaceo de información y de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad de la zona buscan limpiar la imagen de la Policía Metropolitana, contrarrestando de ese modo la violencia impartida por los agentes de la misma», explican desde ese organismo al tiempo que advierten que, «entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana».
Al respecto, vale recordar, que un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita. El ODH reclama justicia y semovilizará, el próximo miércoles 7 de octubre a las 11, a Plaza Lavalle, exigiendo Justicia por Roberto, bajo la consigna: ¡Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana!.