por Lucía Pereyra
En un contexto social, político y económico marcado por un profundo ajuste y una constante tensión social, el Gobierno argentino ha solicitado un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) que rondaría los 20.000 millones de dólares. Esta cifra, colosal en términos absolutos, representa no sólo un alivio momentáneo, sino una serie de interrogantes que amenazan con desbordar la ya frágil situación financiera del país. Con el eco de las historias pasadas de endeudamiento resonando en la memoria colectiva, los temores se agravan por el conocimiento de las condicionalidades que a menudo vienen aparejadas con estos acuerdos.
La vocera del FMI, Julie Kozack, dejó en claro que, como es habitual, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vida del programa. Sin embargo, los detalles específicos aún permanecen en la nebulosa, en conversaciones que sugieren un juego de poderes y concesiones que no benefician a los ciudadanos. El ministro de Economía, Luis Caputo, intenta suavizar la percepción de este nuevo endeudamiento, afirmando que “no es lo mismo que en los otros casos”, subrayando que el ajuste fiscal y monetario ya se ha aplicado y que el país mantendrá su equilibrio fiscal. Esta afirmación suena más como una esperanza que como una certeza, dado que las cifras son implacables: con una tasa de interés del 6%, los intereses anuales podrían llegar a ser 1.200 millones de dólares. Para sostener este equilibrio fiscal, se prevén recortes en los gastos estatales, lo que augura un período crítico para la inversión pública y el bienestar social.
El aspecto más alarmante de esta situación es el impacto de los pagos de deuda en las reservas de divisas. Según datos del Balance Cambiario, entre 2018 y 2024, los pagos al FMI alcanzaron casi 12.000 millones de dólares, lo que representa la tercera parte del capital adeudado. Esta realidad ilustra con claridad que el préstamo otorgado en 2018 bajo la administración de Mauricio Macri fue una decisión desastrosa, no solo para la economía argentina, sino también una vía directa de financiamiento para el propio organismo.
El Gobierno parece haber enmarcado este nuevo préstamo como una estrategia para construir una “caja” en dólares, lo que implicaría resistir la presión sobre el tipo de cambio, un mecanismo que procura evitar un salto inflacionario. Esta lógica recuerda a políticas anteriores, como la “tablita” de José Alfredo Martínez de Hoz en los años 70, que garantizaban ganancias especulativas a expensas de la economía real. Sin embargo, a medida que las dudas sobre la viabilidad de tales estrategias emergen, los especuladores se apresuran a capitalizar sus beneficios y a retirar su apoyo del sistema, lo que ejerce presión sobre las reservas del Banco Central.
Las soluciones financieras a problemas cambiarios son, en el mejor de los casos, parches momentáneos. La raíz de esta problemática radica en la incapacidad del país para generar divisas genuinas, un fenómeno que se ve agravado por políticas que facilitan la fuga de capitales. En 2024, se dejaron de percibir 19.500 millones de dólares debido al denominado dólar “blend”, un mecanismo que permite que una porción de las exportaciones se liquide a una tasa más favorable en el mercado informal, sin que esos recursos ingresen a las reservas internacionales. Este fenómeno se alinea con la magnitud del nuevo préstamo solicitado y subraya la desarticulación de políticas económicas eficaces.
Frente a este panorama, la solución real consiste en fomentar una economía capaz de generar ingresos suficientes para afrontar no sólo la deuda existente, sino también para cimentar un camino hacia el desarrollo sostenible. Se necesita una estrategia que promueva la producción nacional, que estimule la innovación y el valor agregado, en lugar de abrir las compuertas a importaciones que debilitan la industria local. La situación actual de la balanza comercial, deteriorada como resultado de la apreciación cambiaria y la apertura indiscriminada de importaciones, refleja claramente las tensiones en las reservas monetarias y la pérdida de puestos de trabajo.
En conclusión, la noticia de un nuevo préstamo del FMI no trae consigo ningún indicio de optimismo. Cuanto mayor sea el monto solicitado, peores serán las condiciones para el país, no solo por los intereses acumulados, sino por la creciente influencia de las políticas del diseño y su vinculación con la deuda acumulada. La alternativa, que se nos presenta como un faro en la niebla, es la construcción de un camino hacia el desarrollo económico y social soberano. Esto requerirá, sin duda, de un cambio en la conciencia colectiva, de una resistencia activa ante las políticas neoliberales, representadas hoy en su versión más extrema. Como ciudadanos, la responsabilidad de poner un freno a este ciclo recae en nuestras decisiones y, eventualmente, en nuestro voto.